Avalan en Comisión ampliar normativa de violencia laboral

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado avaló una reforma para que se actualice el concepto de violencia laboral contra las féminas, con ello se agregan nuevos tópicos como salario, exclusión y el tema relacionado con su regreso a laboral después del embarazo.

Durante la sesión del órgano de deliberación se detalló que las modificaciones se realizarían en el artículo 14 de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con la finalidad de proteger a este sector de la población.

Quedaría de la siguiente manera: "La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral consiste en la privación del disfrute de derechos laborales a la mujer, motivados por razones de género, tales como la negativa a contratar a la agraviada, respetar su permanencia; la descalificación del trabajo realizado; obstaculización de la formación o promoción profesional; el menoscabo de su salario y sus condiciones de trabajo o asignación de las mismas desproporcionada e injustificadamente distinta a la de sus iguales; discriminación ocupacional; exclusión para acceder a puestos directivos; negativa injustificada de afiliación y participación en organizaciones sindicales u análogas; amenazas, hostigamiento, acoso sexual, las humillaciones, la explotación, el impedimento de regresar al trabajo después del embarazo y llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género".

La propuesta fue realizada por la diputada del PAN, María del Carmen Saavedra Fernández. Refiere que según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres, tres de cada 10 subordinadas han vivido discriminación laboral, siendo en la mayoría de los casos ejercida por parte de sus compañeros y sus jefes.

También se aprobó una reforma a la ley de planeación para el desarrollo del Estado, ésta fue impulsada por la coordinadora del grupo legislativo del PRI, Rocío García Olmedo.

En la exposición se detalló que el objetivo es establecer las atribuciones del Comité de Planeación para el Desarrollo, como son promover el control, seguimiento y evaluación de todos los programas y acciones, incluido el estatal; que se realice con perspectiva de género a fin de visibilizar el gasto en la promoción, garantía, respeto y protección de derechos humanos.

Se pretende estipular que los mecanismos de evaluación de los programas y acciones deberán generar estadísticas que den cuenta de la situación de derechos humanos de las mujeres y de la reducción de las brechas de género, en especial en materia de violencias contra las mujeres y empoderamiento económico.