Omisiones del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) en infraestructura educativa para cubrir la emergencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 generaron focos de infección en baños móviles en escuelas de Tlapanalá y Chiautzingo, incumplimiento de lineamientos del Fonden, la cancelación de obras en cuatro municipios más y la inconsistencia en entrega de apoyos.

Esto encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de los Apoyos Parciales Inmediatos por el sismo del 19 de septiembre a la infraestructura educativa en el estado de Puebla, como parte de la tercera entrega de cuenta pública 2017.

La auditoría 1687-DS-GF advierte de dos contratos con irregularidades, formalizados el 12 de octubre de 2017, para la renta de 89 y 152 baños móviles. En una supervisión, los auditores observaron que en el plantel Albert Einstein, en el municipio de Tlapanalá, se entregaron 2 baños móviles, pero el director del plantel informó que solo se utilizaron 3 días, debido a que se taparon y no se realizó el retiro de desechos ni la desinfección de los módulos, provocando un foco de infección.

Hecho similar ocurrió en el plantel Ignacio Zaragoza del municipio de Chiautzingo, donde se entregaron 16 baños móviles; sin embargo, en los recorridos por la ASF, se observó que únicamente se utilizaron 2 baños en el turno de la tarde, y los 14 baños restantes se encontraron en una bodega sin utilizarse, por lo que no se les realizó el servicio de retiro de desechos ni desinfección, sin que el CAPCEE, a noviembre de 2018, haya aplicado a los proveedores las deducciones correspondientes.

De acuerdo con la minuta elaborada por auditores, el Comité Poblano no realizó un registro de baños por cada contrato, por ello, no se pudo determinar de los 16 baños observados a cuál contrato corresponden.

Los señalamientos incluyen 4 de los 10 contratos realizados por el CAPCEE con recursos del Fondo de Desastres Naturales, por la renta de dos aulas móviles y dos baños móviles. En los recorridos realizados, la ASF no pudo relacionar el mobiliario correspondiente por cada contrato, debido a que no se contó con el inventario de cada bien.

Aunque la Dirección General de Desarrollo Educativo de la SEP intentó justificar el porqué de las no concordancias, para la ASF, el documento entregado carece de "fundamentación jurídica con el que se corroboren las facultades con que cuenta como funcionaria", con lo que concluyó que dentro del organismo no existió calendarización para la entrega de apoyos.

Se observó también que en cuatro contratos de arrendamiento para la renta de 472 aulas móviles, y 241 baños móviles, con una vigencia del 12 de octubre de 2017 al 12 de octubre de 2018, incumplió con los Lineamientos de Operación Específicos del Fonden que establece un plazo de ejecución no mayor a 30 días, por lo que en este caso se fue a un año.

El CAPCEE solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizar pagos anticipados a proveedores en el municipio de Atzizihuacán y Tepexco, hecho que motivó la aplicación de intereses por 7 mil 770 pesos. Esto derivó en contratos donde el titular del Comité dispensó el otorgamiento de la garantía de cumplimiento y de vicios ocultos, dado que el pago al proveedor se realizaría hasta la entrega total del equipo; empero, posteriormente cambió de opinión.

También se observaron 525 mil pesos otorgados al estado, pero que no fueron erogados, ante lo cual, para su entrega, el titular del CAPCEE solicitó la cancelación de proyectos en Chietla, Puebla capital, Epatlán, Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan.

Las observaciones señalan a Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien ocupara la titularidad del CAPCEE durante la emergencia del #19S, posteriormente llegaría Gustavo Guzmán Fernández. Tras su salida del Comité, Cruz Bermúdez estuvo al frente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y posteriormente como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Ambas gestiones fueron fuertemente señaladas en su paso en el CAPCEE, luego de que en mayo de 2018 se descubriera la impresión de propaganda del PRD en un almacén del Comité, ubicado en la colonia Santa Cruz Buena Vista, en San Andrés Cholula. Aunado a esto, Gustavo Guzmán enfrentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de extorsión, al ser acusado de cobrar 500 mil pesos a un contratista que proporcionó a la dependencia mobiliario y material didáctico para tres escuelas.

• De acuerdo con la minuta elaborada por auditores, el Comité Poblano no realizó un registro de baños por cada contrato.
• La auditoría 1687-DS-GF advierte de dos contratos con irregularidades, formalizados el 12 de octubre de 2017, para la renta de 89 y 152 baños móviles.
• En los recorridos realizados, la ASF no pudo relacionar el mobiliario correspondiente por cada contrato, debido a que no se contó con el inventario de cada bien.
• El CAPCEE solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizar pagos anticipados a proveedores en el municipio de Atzizihuacán y Tepexco.