Más de 25 mil pagos indebidos por 11 millones de pesos a aviadores, personal de otros estados y trabajadores que no laboraron en áreas educativas es lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el gasto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla.

Al menos mil 527 trabajadores y aviadores recibieron recurso público sin justificación o sustento alguno, ya que la SEP no pudo comprobar el pago asignado, revela la auditoría 1208-DS-GF que la ASF aplicó al gobierno de Puebla como parte de la cuenta pública 2017.

El gobierno, que en su momento encabezó Antonio Gali Fayad y tuvo como titular de la SEP a Patricia Vázquez del Mercado y a Ignacio Huizar, recibió 10 observaciones, de las cuales 4 fueron solventadas y del resto se generó una recomendación y cinco pliegos más de observaciones, además de obligar el regreso de 12.1 millones de pesos.

En un primer registro, la ASF observó 208 pagos indebidos por mil 44 pesos a 15 trabajadores adscritos en 14 centros de trabajo, entre los que destacan el Bachillerato General y el Bachillerato Tecnológico Oficial, pero cuyas actividades no correspondieron a la educación básica o a la formación de docentes.

Aunado a esto, la Auditoría advirtió de 70 pagos por 552 mil 757 pesos a 11 trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a la educación básica y normal, y que se ubicaron en las direcciones de Escuelas Particulares, de Educación Media Superior y el Centro de Investigación en Ciencias y Gestión de la Educación.

La lista incluye 934 pagos indebidos por 4.5 millones de pesos a 116 trabajadores después del periodo de licencia sin goce de sueldo. En suma se contabilizaron 2 mil 108 pagos indebidos por 5.3 millones de pesos a 899 trabajadores después de su fecha de baja de la dependencia.

Se incluyen 19 pagos indebidos por 373 mil 462 pesos a dos trabajadores con plazas en el Gobierno de Baja California. También la Auditoría revisó el pago de salarios, en lo que identificó 22 mil 55 pagos irregulares por 96 mil 51 pesos, de los que la SEP sólo justificó los pagos a 480 trabajadores.

Anomalías en contratos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo

En la operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo se hicieron 10 observaciones y se determinó la recuperación de 33.7 millones de pesos a la hacienda federal, debido a señalamientos en la selección de proveedores y el pago injustificado a trabajadores.

La auditoría 1203-DS-GF reportó que la SEP pagó 35 mil 217 pesos para la compra de material escolar, didáctico y papelería para la práctica profesional docente y el funcionamiento de las escuelas; sin embargo, careció de evidencia documental que acreditara que los proveedores fueron la mejor opción de compra.

Se señaló el pago a 10 trabajadores por 124.8 mil pesos, que no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo; sin embargo, posteriormente, la SEP comprobó los pagos. No obstante, el Órgano Interno de Control de la dependencia inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Se advirtió de una adjudicación directa por 62 mil 756 pesos en la adquisición de productos alimenticios como parte de Apoyos para el Servicio de Alimentación, sin acreditar los motivos del porqué no se realizó licitación, además de que hubo detalles en las fechas de los contratos.

Caso similar se observó en el pago de 33 mil 760 pesos sin que la documentación coincidiera con los contratos, por ello se abrió un expediente 22/2018 para deslindar responsabilidades administrativas.

Abren investigación por faltante de 4 mdp

Un daño al erario por 4 millones de pesos arrojó la auditoría 1196-DS-GF aplicada al programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, debido a la falta de evidencia documental sobre los contratos y la entrega de servicios.

La SEP contrató capacitaciones por 9.9 millones de pesos, pero el contrato no tenía detalles sobre el servicio. Tras estos señalamientos, la dependencia solo entregó pruebas por tres cursos con valor de 5.9 millones de pesos, el recurso pendiente obligó la apertura de un expediente de investigación por parte de la contraloría del Estado.