En 2018, 22 mil empresas nacionales fueron intervenidas a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la intención de revisar las irregularidades en sus prácticas; de las cuales, la mayoría, sin precisar cuántas, fueron sancionadas debido al sistema outsourcing, detalló Óscar Guevara García, coordinador de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social.

En conferencia de prensa, Guevara García refirió: "La SHCP tiene publicación de empresas que simulan actividades que vulnera el mercado y en este sentido son tildados como ilícitos y consecutivos de ilícitos por queja o demanda interpuesta".

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Si bien la secretaría les dio un plazo para desestimar las lagunas encontradas, menos de 10 por ciento de las 22 mil logró validar sus recursos, mismas que son acreedoras a multas de 250 a 5 mil UMAS; es decir, desde 20 mil 150 pesos a 400 mil pesos o hasta penas de cárcel al ser considerado un delito.

Las multas económicas pueden ser por cada trabajador afectado, por lo que Guevara García comentó que el Gobierno Federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende fortalecer el outsourcing a través de finanzas sanas, puesto que en algunos servicios sí es necesaria la subcontratación de otro organismo, como lo es en el caso de personal de vigilancia, de limpieza, así como en el caso de traslado de valores.

Salvador Méndez Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, expresó que los trabajadores del outsourcing que corresponden a una modalidad de contratación externa a la empresas son quienes más se ven afectados en este tipo de prácticas puesto que en la mayoría de los casos los colaboradores no reciben las prestaciones que por ley deberían recibir ni seguridad social. 

Méndez Rosales detalló que esta práctica también "beneficia" a las empresas puesto que es una manera de evadir o disminuir pagos de contribuciones a la seguridad fiscal, hecho que perjudica a los empleados en el reporte de utilidades.