Ordena tribunal investigar llamadas de calumnias

El TEPJF desechó la queja promovida por Morena, pero pidió agotar todas las líneas de investigación

Tras desechar la queja en la que se acusaron las llamadas telefónicas en contra del candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Junta Loca del Instituto Nacional Electoral (INE) de Puebla a que agote la investigación.

Durante sesión pública, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdez, presentó el proyecto SUP-REP-61/2019, promovido por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en contra del órgano, por los acuerdos en las quejas JL/PE/MORENA/JL/PUE/PEF/46/2019 y JL/PE/MORENA/JL/PUE/PEF/47/2019.

En su ponencia, el ponente de la demanda de Morena recordó que en ambos procedimientos promovidos por llamadas telefónicas en las que se difundió presunta propaganda calumniosa en contra de Barbosa Huerta, el INE en Puebla las desechó, cuando tenían otras línea de investigación por agotar.

Vargas Valdez propuso que, luego de que el órgano electoral en la entidad recibió las primeras pruebas de la investigación, permitía a que agotaran otros aspectos, por lo que, por unanimidad de todos los magistrados, revocaron los acuerdos, para que la Junta Local vuelva a pronunciarse sobre la admisión o no de las quejas.

Ordenan nueva sentencia sobre Cárdenas

El magistrado de la Sala Superior Reyes Rodríguez Mondragón se encargó del juicio SUP-REP-53/2019, en el que Morena buscó revocar las sentencias de la Sala Regional Especializada del TEPJF numeradas SRE-PSC-34/2019 y SRE-PSL-8/2019, en contra del candidato Enrique Cárdenas.

En su proyecto, el ponente de la demanda mencionó que Morena en sus recursos iniciales denunció ante la Sala Regional Especializada del TEPJF al candidato a la gubernatura de Puebla Enrique Cárdenas Sánchez por supuestos actos anticipados de campaña en una rueda de prensa que dio el 7 de marzo de este año.

Rodríguez Mondragón propuso que se revocaran las sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada, con la finalidad de que se pronunciaran de nuevo, porque no llevaron un análisis completo sobre la actuación denunciada, pero la declararon inexistente; a lo que sus homólogos apoyaron por unanimidad de votos.

 

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