De 2018 a la fecha, incrementó 91 por ciento la judicialización de casos y se logró obtener 83 por ciento más en medidas de protección, reveló Ulises Sandal Ramos Koprivitza, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El fiscal mencionó que dichas medidas de protección pasaron de mil 455 a 2 mil 667.

En conferencia de prensa, Sandal Ramos detalló que la judicialización de carpetas de investigación por violencia familiar aumentó 91 por ciento en el año actual, con 107; las cuales comparó con las 56 que se tuvieron el año pasado.

Reveló que de enero a junio de 2019, la Fiscalía de la entidad ha obtenido 14 sentencias condenatorias, recordando que la pena por el delito de violencia familiar es de 2 a 8 años de prisión, además de las multas. Este tipo delito se sigue de oficio y no prevé acuerdos reparatorios.

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Jaime Huerta Ramos, fiscal de Investigación Regional, habló sobre la vinculación a proceso por el delito de feminicidio en contra de Joselito N de 34 años, quien asesinó a su esposa en el municipio de Tehuitzingo.

El sujeto discutió con su pareja y después la agredió con un cuchillo en el cuello. El feminicidio ocurrió el 7 de abril de 2019. Al intentar darse a la fuga, testigos persiguieron al hombre; sin embargo, éste intentó suicidarse.

En la actualidad, con los datos aportados por el agente del Ministerio Público, Joselito N permanece en el Cereso de San Miguel.

Otra vinculación a proceso por feminicidio es la de Pedro N de 50 años, del 1 de mayo de 2019 en Zihuateutla.

En este caso el sujeto discutió por celos con su pareja sentimental de 22 años, y en presencia de sus familiares le disparó, provocando que falleciera.

Igual que en el anterior suceso, el sujeto intentó suicidarse, pero esta vez con veneno. También intentó huir, pero fue detenido por la Policía Municipal y ahora permanece en el penal de Huejotzingo.

El fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, comentó que de enero a junio de este año se han tenido 155 autos de formal prisión y 241 sentencias, entre las que destacan: 25 por lesiones, 17 por homicidio, 15 por robo calificado, 14 por robo agravado, 14 por violencia familiar y nueve por secuestro.