La Resurrección, por el derecho a la consulta libre

Los ejidatarios de La Resurrección, una junta auxiliar localizada al noreste de la capital, están a punto de salir del limbo legal en el que se encuentran desde hace año y medio.

Sus tierras, de un día para otro, pertenecían a otra persona, ajena a la comunidad; mientras un juez resuelve el caso y ante la posibilidad de que el Instituto de Planeación Municipal ahora decida sobre el ejercicio del presupuesto sin su consentimiento, la comunidad se reunió en una asamblea informativa sobre el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

Gerardo Pérez Muñoz, del Colectivo Hermanos Serdán, que llevan el caso de los más de 400 campesinos -cuyas tierras (170 hectáreas) intentaron ser traspasadas ilegalmente-, dijo a sus compañeros: "si hacemos un recuento de septiembre a la fecha, ustedes son los que han dado la lucha por la defensa de las tierras".

Asimismo, estimó que aunque no sabe cuánto tiempo llevaría una consulta legítima, lo más importante es que si el próximo martes las autoridades llegan con la intención de imponerles una obra o un proyecto: "no los dejen".

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El abogado Arturo Mendoza, a propósito de la "seudoconsulta" que planea realizar el Ayuntamiento de Puebla y sobre el proceso legal en curso, agregó: "la resolución que obtengamos respecto a las consultas de los pueblos originarios, son sentencias que le benefician a otros movimientos" en Atlixco, en Morelos y en la Península.

Francisco, del Comité de Defensa de la Tierra y el Agua de La Resurrección, comentó que "la mayoría de la gente tiene que pelear, tiene que decidir. El que manda somos nosotros. Ya no nos engañan".

A mano alzada, los asistentes a la asamblea decidieron firmar un documento en donde se pide a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco y a las autoridades en general detener la consulta, pues no cumple con los requisitos mínimos expuestos por Pérez Muñoz.

En presencia de la regidora Lluvia Edith Ibarra, Arturo Mendoza aseguró que las autoridades pueden realizar una encuesta indicativa, más no una consulta vinculante, y mucho menos reunirse en secreto con la presidencia auxiliar para definir cómo se ejercerán los recursos destinados a la localidad.

El mecanismo de la consulta, refiere la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es la "columna vertebral" del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), "el instrumento jurídico internacional más importante en relación con los pueblos indígenas", pues los ampara ante situaciones que "los impliquen a ellos y sus derechos".