"El no buscar a las personas desaparecidas es un problema sistémico. Yo quisiera echarle la culpa sólo al MP, pero es el pinche sistema podrido que tenemos," dice María Luisa, representante del colectivo La Voz de los Desaparecidos y quien busca a su hijo Juan de Dios, desaparecido el 28 de abril de 2017.

Fruto de las movilizaciones y la presión ejercida como colectivo ante las autoridades, se creó en noviembre de 2018 la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, un año después de haberse publicado la Ley General en Materia de Desaparición.

Sin embargo, esta unidad puesta en marcha por el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, nació tan sólo con un par de escritorios, tres agentes del Ministerio Público, algunas computadoras, y nada más. Tres agentes para revisar, clasificar y atender alrededor de dos mil Carpetas de Investigación (CDI).

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Eso y nada, casi lo mismo

La Unidad Especializada, asegura María Luisa, no cuenta con material necesario ni expertos que se involucren en los casos, ni herramientas tecnológicas mínimas para realizar búsquedas en vida, en lugar de avocarse únicamente a rastreo en Semefos y fosas clandestinas.

A pesar de que existe un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas a nivel federal, las autoridades locales siguen sin aplicarlo en su totalidad. El protocolo marca, por ejemplo, lo que debe hacerse a partir de que se tiene conocimiento de la desaparición en las primeras 24 horas, pero también en las 48 y 72 siguientes.