La UPN denuncia corte de Agua de Puebla

Con esta medida, que ocasiona que las aguas negras recorran las calles aledañas a la universidad

Marcos NUCAMENDI

La Asamblea Social del Agua (ASA) se pronunció este lunes sobre el corte de drenaje en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), realizado por la empresa Agua de Puebla, y que afecta a otras instituciones, como el Centro Escolar “Gustavo Díaz Ordaz” y el Hospital General de Servicios Médicos del Gobierno Estatal.

Con esta medida, que ocasiona que las aguas negras recorran las calles aledañas a la universidad, también se afecta al CBTIS No. 260, el Club Deportivo Alpha no. 4 y los habitantes de la Colonia Guadalupe, además de los 600 estudiantes y profesores que acuden todos los días a la UPN.

“De manera injusta e ilegal, la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla) —desde septiembre del año pasado en el caso de la UPN— ha violentado el derecho al agua como un bien común, un bien público,” asegura María Eugenia Ochoa García, representante de la Asamblea.

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A detalle, la Asamblea Social del Agua exigió la inmediata intervención de la Secretaría de Salud, pues ya se tienen documentados casos de enfermedades; de la Secretaría de Educación Pública, para que actúe como mediadora; y del Ayuntamiento de Puebla, para que prevenga que la empresa continúe ejecutando este tipo de actos violatorios al Derecho Humano al Agua y Saneamiento.
Más recursos jurídicos, quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, Profeco y SOAPAP, y la preparación de un foro ciudadano, son algunas de las medidas que fueron anunciadas por la Asamblea para las próximas semanas, esperando que no solamente se sigan creando precedentes para que se concluya con éxito la remunicipalización del agua, pero también para que se garantice el acceso al agua en todos los casos, sin importar multas o adeudos.
“El agua no se vende, vale más que el oro,” dijo José Luis García Bello, otro de los representantes, insistiendo en que este derecho está garantizado tanto por la legislación nacional y local, como por los convenios internacionales signados por México.
“Si quieren que paguen, que se notifique entonces el estado fundado y motivado en tiempo y forma,” dijo Omar Cruz Jiménez, quien ha acompañado alrededor de 440 casos en otras instituciones educativas públicas y privadas, así como colonias populares, donde la concesionaria ha actuado con las mismas prácticas; al menos 20 todavía siguen en litigio, incluido el juicio de amparo a favor de la universidad, que deberá resolverse esta semana.