Para Catalina Aguilar Oropeza, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, además del aspecto técnico que prevé la ley, los aspirantes no deben ser: militantes de ningún partido ni ministros de algún culto, socios, accionistas o algún tipo de relación contractual con empresas que presten servicios a la administración pública, ni haber sido funcionarios con capacidad para administrar y ejecutar recursos públicos a los que les hayan sido realizadas observaciones que nunca fueron subsanadas.

Aunado a ello —asegura—, el nuevo auditor tiene que tener un conocimiento pleno del sistema jurídico administrativo, el sistema financiero mexicano, el Sistema Nacional Anticorrupción, experiencia probada en liderazgo y coordinación de grupos, y respetabilidad y compromiso con el interés público. “Lo que queremos evitar es la arbitrariedad en el nombramiento de los titulares, como en el caso de la Auditoría Superior de la Federación.”