La marcha, que concluyó frente a las puertas de Casa Aguayo, partió desde el Mercado Zaragoza, atravesando los barrios populares del noreste de la ciudad. Entre 3 mil 500 y 4 mil asistentes soportaron las lluvias de la mañana para exigir justicia: “Meztli no murió, el gobierno la mató”, “El color de la sangre jamás se olvida”, “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, fueron algunas de las consignas.

Aunque reconoce que han sido atendidos por el gobierno de Miguel Barbosa a través de mesas de trabajo, Ronquillo Hernández sostiene que el caso padece de “un tortuguismo total, muy burocrático, una cuestión de desgaste.” De ahí que frente a Casa Aguayo exigieran al gobernador justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato, pero también un deslinde por parte del gobernador.

“Tiene que desligarse dando justicia. Este gobierno no se puede hacer cómplice de una situación así,” dijo en referencia al supuesto conocimiento que tuviera el entonces gobernador Antonio Gali Fayad sobre el asesinato. “Queremos ir hasta las últimas consecuencias junto con funcionarios de ese nivel.”

Sobre la posibilidad de una reducción en la pena para la única persona detenida, de 50 a 13 años si ésta señala a los otros responsables, Ronquillo aseguró que la UPVA lo considera una aberración jurídico-legal.