Aunque ya se acercaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta para atender su situación, al menos 60 casas que se localizaban en el cerro de La Sombra han sido destruidas, lo que obliga a las personas a buscar refugio con otros familiares.

Hasta el momento no se reportan heridos de gravedad o fallecidos por el hostigamiento continuo, pero hacen responsables de lo que pueda pasar a las autoridades locales —que no han querido involucrarse— y a los grupos inmobiliarios, cuyos nombres figuran en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado.

Los abogados explicaron también que desde hace más de dos años, los ejidatarios de Santa Clara Ocoyucan han sido presionados para vender sus tierras a precios por debajo del valor real de una zona de plusvalía ascendente. Aunque el valor por metro cuadrado podría alcanzar los 8 mil pesos, éstos son forzados a vender hasta por 60, refiere Javier Bueno Conde, integrante de la junta de pobladores de Santa María. Más de 2 mil hectáreas habrían sido traspasadas de esta forma.

“Queremos que se restablezca el Estado de derecho en Puebla”, afirmó Hilario Flores, en referencia a que los pobladores que viven desde hace 5 años en las tierras de uso común del ejido en Santa María son hostigados, en lugar de que se sigan los procedimientos legales correspondientes para que sean traspasados, o que estas tierras sean restituidas a otros propietarios.