Por cumplimiento a la Constitución, en este mes de octubre de 2019, en el Congreso de la Unión se debate sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo respecto de las reformas fiscales, cuya autorización se avecina para que entren en vigor en el ejercicio fiscal de 2020.

Los temas que están en la mesa de discusión son los siguientes: la interpretación económica; la responsabilidad de socios y accionistas; las reglas para la autorización de la firma electrónica, más causas de revocación del certificado del sello digital; el procedimiento reglado para la restitución del certificado del sello digital; la obligación que tienen los contribuyentes de contar con el buzón tributario; la prohibición de la compensación universal; la verificación de domicilios fiscales por medios tecnológicos, los sorteos o la lotería fiscal; la implementación del tercer colaborador fiscal; el cumplimiento espontáneo que deja de ser la única regla y, por ende, se legisla sobre sanciones por dar cumplimiento a las obligaciones fiscales fuera del plazo de la ley; la instauración de obligaciones y sanciones a los asesores fiscales.

Todas ellas son las propuestas de la administración pública federal. Ahora habrá que esperar qué será lo que finalmente se autoriza, qué rubros se modifican y qué es lo que se rechaza de esa iniciativa.

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Viviendo la Constitución

De conformidad con el artículo 74º, fracción IV, de la Constitución vigente en México, el titular de la administración pública tiene la obligación de, a más tardar el 8 de septiembre de cada año, presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente, con la finalidad de que haya tiempo prudente para su discusión y autorización.

La presentación de esas iniciativas en la Cámara de Diputados se debe a que, al tratarse de cuestiones que versan sobre la economía y las contribuciones que la población debe pagar, hay que discutirlas primero en la Cámara que representa a la propia población.

Para comprender el derecho

Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha (Vergara Nava, S, 2017) es un ensayo en el que se analiza y comprueba cómo la legislación fiscal, a partir de 2014, en México se ha modificado en forma aguda y con una creciente tendencia a crear mayores facultades, sobre todo discrecionales, para las autoridades fiscales, y cómo se ha disminuido la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Una disposición que apuesta más por el control de la ciudadanía, de los contribuyentes, que por la simple recaudación de las contribuciones (que era el propósito primario del derecho fiscal).

Por ello, en esta obra se demuestra cómo el derecho fiscal recaudador, que era un derecho fiscal clásico, se ha convertido en un derecho fiscal de la sospecha, en donde se controla, vigila y se presume que cualquier contribuyente es infractor o, incluso, evasor fiscal.

Diccionario jurídico

Defraudación fiscal o evasión fiscal: comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Elusión fiscal: consiste en el uso de actos o contratos ficticios para reducir o evitar el pago de contribuciones.

Lavado de dinero: es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades delincuenciales.

Contrabando: es el acto de ingresar mercancías a un país de manera ilegal, sin enterar las contribuciones correspondientes o sin respetar una prohibición o regulación establecida en las disposiciones legales.

Colaboradores:

Silvino Vergara Nava

Pedro Nel Alzate Velásquez

Mariela Libertad Martínez Gómez

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