Un presupuesto superior a los 33 mil 578 millones de pesos estimó el gobierno de Miguel Barbosa Huerta para atender a la población indígena, a través de un enfoque transversal, mediante la implementación de 35 programas.

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Egresos para el Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio 2020, el Ejecutivo pretende orientar recursos a la ejecución de 75 acciones que incidan en garantizar 10 derechos de los pueblos originarios.

En el Anexo E del documento, relativo a Enfoques Transversales, se definieron cinco ejes en los que se especifica qué dependencia ejercerá el recurso, el programa y la serie de medidas que permitirán mejoramiento de los grupos étnicos en Puebla.

El primer eje, relativo a seguridad pública, justicia y estado de derecho, implica un ejercicio mayor a los 2 mil 240 millones de pesos, donde el más alto de los montos corresponde a la “promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia”, que representa un gasto de mil 375 millones de pesos.

Ese monto compete a la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar, proteger, promover y difundir los derechos humanos de los pueblos originarios, “a través de asesorías jurídicas, revisión de carpetas de investigación y asistencia de intérpretes en audiencias ministeriales y judiciales”.

En ese rubro se aglutinan programas de dependencias como la Secretaría de Gobernación, cuyas acciones son “beneficiar a personas con acciones y programas en materia de derechos humanos” y “gestionar ante las autoridades la regularización de la tierra y asentamientos humanos”.

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Para esas dos encomiendas la instancia gubernamental contará, en caso de así aprobarlo los diputados, con más de 43.4 millones de pesos.

La Secretaría de Seguridad Pública será responsable de atender a los indígenas en reclusión. El presupuesto general para el programa de fortalecimiento del sistema penitenciario asciende a 468.8 millones de pesos.

Los otros ejes presupuestales con un enfoque transversal son el campo, desarrollo económico, disminución de desigualdades y gobierno democrático, innovador y transparente.

Respecto del sector agropecuario, el programa presupuestario con más recursos consiste en la modernización y tecnificación del campo, con énfasis en acciones de captación de agua, con mil 10 millones de pesos.

En el caso del eje “disminución de desigualdades” destacan los programas de educación básica, superior, educación y cultura indígena, así como la construcción de espacios educativos, que para ejecutarlos se estimaron más de 25 mil millones de pesos.