La mecánica es la misma: sujetos armados aprovechan las horas pico para interceptar alguna unidad de transporte público, amagan a los pasajeros y les quitan sus pertenencias; la mayoría sale huyendo, y aquellos que fueron atrapados es muy probable que vuelvan a pisar las calles en cuestión de horas.

Un estudio del Senado de la República alertó que Puebla es la tercera entidad con más asaltos al transporte público, al registrar 329 carpetas de investigación; sólo por debajo del Estado de México, con 6 mil 336 asaltos, y Ciudad de México con 5 mil 497 casos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se denunciaron 305 asaltos al transporte público en Puebla entre enero y septiembre de este año; mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 505 carpetas de investigación en ese mismo periodo.

Sin embargo, la cantidad de personas que fueron detenidas y sancionadas es mínima. La mayoría de personas detenidas encuentran vías alternas para reparar el daño antes de entrar a prisión.

Tan sólo en este año, el Poder Judicial del Estado de Puebla llevó a mil 310 presuntos criminales ante los juzgados; pero de aquéllos señalados, sólo tres fueron sentenciados por un juez.

Las tres sentencias consistieron en: dos años de cárcel o pagar 30 mil pesos de multa; otra de tres años en prisión o 20 mil 520 de multa; y 5 años en prisión o una multa de 34 mil 268 pesos.

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El mismo escenario se repite en 2018, ya que juzgados de Puebla sólo realizaron dos sentencias por el delito de robo agravado; mientras que en 2017 no se tiene registrada ninguna amonestación.

A través de una solicitud de información, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) respondió a El Popular, diario imparcial de Puebla que sólo existen cuatro personas en el Cereso de San Miguel que cumplen condena por asaltar alguna unidad de transporte público.

Las prisiones de Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán no tienen internos que cumplan condena por asaltar alguna ruta.

Por sistema penal, evaden la cárcel

La Fiscalía de Puebla enfrenta varios obstáculos para procesar a algún sujeto por el delito de robo agravado, en especial para casos de asaltos al transporte público.

Con el Sistema Penal Acusatorio, que entró en vigor en 2017, se estableció un catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva en el momento de la detención; sin embargo, el delito de robo agravado no está considerado en este listado.

La Fiscalía resuelve algunas carpetas de investigación por vías alternas, antes que el detenido llegue a juicio oral, esto para desahogar trabajo ministerial al imputar a un presunto delincuente.