El 2020, clave para la agenda ambiental en Puebla

El 2020, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un año de definiciones: los países deberán delinear nuevas acciones para combatir el cambio climático. A nivel local, estados como Puebla han anunciado algunas medidas, pero en general no existe un plan integral que tenga como objetivo central evitar una crisis ambiental.

En un comunicado, el gobierno del estado informó sobre la firma de un Convenio de Colaboración con el gobierno de Tlaxcala para el rescate del Río Atoyac-Zahuapan, un tema que ha estado en las mesas de al menos cinco administraciones.

Organizaciones de la sociedad civil y comunidades, que se valen del afluente y los ríos tributarios para sus actividades diarias, han documentado la presencia de contaminantes en el afluente. Además de implicar un riesgo para la salud, ponen en duda la factibilidad hídrica futura de la región, uno de los “infiernos ambientales” que tiene identificados la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lee: Puebla es quinto lugar en muertes por atropellamiento a peatones y ciclistas

El gobierno estatal asegura que están en curso las investigaciones sobre el río —que podrían derivar en la clausura definitiva de empresas contaminantes—, e informó sobre la realización de mesas de trabajo con equipos técnicos de Puebla y Tlaxcala, para diseñar y elaborar un Plan Rector de Saneamiento Integral de la cuenca, cuya extensión es de 200 kilómetros entre el territorio poblano y el tlaxcalteca.

Entre agosto y noviembre del año en curso, dice el comunicado referido, se realizaron 238 dictámenes técnicos en materia de emisiones a la atmósfera. La premisa, asegura el gobierno estatal, es que “la productividad no está reñida con el cuidado ambiental”.

Sin embargo, Luis Miguel Cano, asesor legal de Greenpeace México, indicó en noviembre pasado que todas las autoridades de la Megalópolis, a la que pertenece Puebla, simulan cumplir con las normativas de contingencia ambiental, toda vez que se limitan a aplicar acuerdos internos, en lugar de estándares internacionales.