Por mayoría en contra, se regresa a comisión iniciativa presentada por el gobernador, que pretendía sancionar hasta con 10 años de prisión y multa de 43 mil 440 pesos la piratería en el transporte público, por incluir sin argumentación las unidades de arrastre y salvamento.

La iniciativa original que Miguel Barbosa había enviado al Congreso local, únicamente contemplaba castigar de ocho meses a seis años de prisión a quien preste el servicio de transporte público y no cuenten con el permiso o concesión otorgado por la autoridad competente.

El jueves pasado, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó incluir a las unidades de arrastre en las sanciones de la iniciativa; sin embargo el pleno negó su aprobación debido a que este punto no se había justificado.