Mujeres, en segundo plano en el Congreso de Puebla

De 45 iniciativas enviadas por legisladores a la Comisión de Igualdad sólo se aprobaron 12, por lo cual 33 permanecen en la congeladora

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Pese a que el Congreso local cuenta con 19 diputadas, de 45 iniciativas enviadas a la Comisión de Igualdad de Género sólo 12 quedaron aprobadas en el periodo de septiembre de 2018 a febrero de 2020, mientras que 33 permanecen en la congeladora.

La legisladora que más propuestas presentó en el plazo de referencia es la priista Rocío García Olmedo, pero igualmente es la que más acciones posee en trámite y no pasan de comisiones al Pleno.

Entre las iniciativas en espera destacan aquellas que buscan establecer acciones para erradicar la violencia en medios de comunicación, así como legislación sobre violencia política de género, en la que particularmente criticó la distribución inequitativa de recursos públicos en campaña.

Otras de las propuestas de García Olmedo consisten en la imposición de penas en contra de quienes difundan imágenes, videos o grabaciones de feminicidios, además de que sugirió incorporar perspectiva de género en el monitoreo de precampañas y campañas.

Este paquete de propuestas de la priista apenas lleva un par de meses en la congeladora, pero hay otras que datan de 2018 y 2019 y siguen sin dictaminarse en comisiones.

Entre las iniciativas pendientes hay de diferentes tópicos como la tipificación de violencia obstétrica, o el otorgamiento de un año de permiso con goce de sueldo para la prevención de cáncer de mama o cervicouterino.

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Las legisladoras Vianey García Romero y Rocío García Olmedo propusieron instaurar el principio de equidad de género en todos los niveles de gobierno —en la competencia estatal—, pero no han conseguido respaldo para que sea aprobada.

Del total de asuntos en cartera y aprobados en pleno, sólo dos corresponden a hombres.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó una iniciativa el 25 de septiembre de 2019, que consistió en establecer la violencia familiar como causal de pérdida de la patria potestad y restricción para el régimen de visitas, así como el impedimento para la custodia de los niños.

La segunda es del legislador del PES José Miguel Trujillo de Ita, y hay una del grupo parlamentario del PAN —en el que igual participaron varones y mujeres—.

También atorado desde 2018 se encuentra el documento redactado por Nora Merino Escamilla, con la propuesta de tipificar en la ley la violencia digital como un acto doloso que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual en los ámbitos público y privado, así como el daño moral a las víctimas o a sus familiares.

La legisladora María del Carmen Saavedra Fernández se suma a la lista de espera desde hace más de quince meses, con la propuesta de prohibir que el contenido de la publicidad gubernamental e institucional difunda estereotipos en función del sexo de las personas.

Incluso, una propuesta para agregar la violencia obstétrica a los tipos de violencia contra la mujer en la ley, presentada en marzo de 2019 por la exdiputada Delfina Leonor Vargas Gallegos, quien solicitó licencia en julio de ese año para asumir la dirección del Sistema Estatal DIF, continúa sin tocarse por parte del Congreso estatal.

De las aprobadas

El tema más discutido por la Comisión de Igualdad de Género es sobre la publicación y uso discriminatorio de los estereotipos de género a través de medios de comunicación, redes sociales y publicidad impresa, así como la promoción sexual de las mujeres a través de imágenes degradantes o peyorativas.

Cinco de las doce iniciativas aprobadas fueron sobre dicho tema, y sólo difieren en el medio por el que los estereotipos degradantes son ejercidos o hechos públicos.

La diputada y presidenta de la comisión, García Olmedo, presentó tres de ellas; mientras que las legisladoras del PES Mónica Lara Chávez y Nora Merino Escamilla aparecen en segundo lugar por el número de proposiciones.

Otras iniciativas que lograron la aprobación guardan relación con la distribución de presupuestos con perspectiva de género, y a la legislación a favor de las mujeres después de haber sido víctimas de violencia familiar.

El propio Ejecutivo estatal envió en septiembre del año pasado una iniciativa en esta materia, aprobada pocos días después.

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La propuesta del gobernador establece la violencia intrafamiliar como una causal de pérdida de la patria protestad, restricción de visitas e impedimento de custodia de niños.

Es la diputada priista Rocío García quien más ha presentado iniciativas en la materia, y que fueron aprobadas.

Hay dos iniciativas que fueron determinadas como improcedentes, ambas presentadas al Congreso estatal por PES y PT, aunque no se especifica la razón de haberse clasificado de esa manera.

La propuesta del primero consistía en que se considerara la violencia contra las mujeres como forma de discriminación múltiple o agravada; en tanto, la petista sugería prohibición de la exhibición de revistas o medios impresos con contenido pornográfico en lugares de acceso público.