Con el objetivo de sancionar filtraciones de imágenes de delitos, Mónica Lara Chávez, diputada de Encuentro Social, presentó una iniciativa que reforma el Código Penal del Estado para castigar a quien difunda los hallazgos de homicidios.

Tras el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, en el que se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación la fotografía de su cadáver; la legisladora propuso condenar hasta con ocho años de prisión al que revele indebidamente evidencias de delitos y procedimientos penales.

De la misma manera, cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de ellos, la pena se incrementará hasta en una tercera parte; igualmente, si el delito es cometido por un servidor público o integrante de alguna institución policiaca, las penas previstas podrán aumentar hasta una mitad, asimismo cuando se trate de mujeres, niñas o adolescentes.

Lara Chávez, comenta en el documento que esta medida penal puede contribuir a eliminar el concepto de crimen pasional en el pensamiento de la ciudadanía, mismo concepto que fue destipificado del Código Penal del Estado.

Explicó que el concepto de crimen pasional puede revictimizar a mujeres y niñas asesinadas; mismas que representan un promedio de 10.5 al día en todo el país.