La Comisión Permanente del Congreso del Estado recibió una iniciativa de decreto, proveniente del gobernador Miguel Barbosa, para reformar los artículos 357 y 438 del Código Penal con el objetivo de aplicar sanciones más severas a quien comete actos discriminatorios contra el personal médico durante la emergencia sanitaria.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, contempla reformar el cuatro párrafo del artículo 357 y adicionar el 438 Bis.

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En el oficio SEGOB/426/2020, presentado por el secretario de Gobernación, se prevé que cuando la conducta discriminatoria sea cometida en contra de médicos, cirujanos, enfermeras y demás personal hospitalario del sector público o privado durante una emergencia sanitaria, la pena de prisión ya contemplada pasará de tres a seis años.

En el artículo adicionado se prevé además que los delitos cometidos contra el personal hospitalario, además de las penas propias al delito imputado, tendrán el agravante de haber sido cometidos contra de este sector, que se encuentra como ahora en la primera línea de atención de la pandemia.