Aprobada el pasado 22 de abril, la Ley de Amnistía del Gobierno de México se encuentra aún en su periodo transitorio, a la espera de que pueda instalarse una comisión que reciba las solicitudes de amnistía por delitos del fuero federal. Sin embargo, la organización México Evalúa advirtió que esta ley tiene efectos limitados, por lo que sólo podrían ser liberadas hasta 800 personas en todo el país.

Los investigadores Christel Rosales y Enrique Bouchot aseguraron, durante una conferencia virtual, que las leyes locales de amnistía representan una opción más concreta para no saturar el sistema penitenciario y la prevención de contagios de Covid-19 en el interior de los penales.

“Nosotros consideramos que como medidas emergentes de la Nueva Normalidad hay que apoyar los mecanismos de preliberación y las amnistías locales que tienen mucho mayor impacto,” comentó Bouchot.

Rosales recordó que hasta marzo de este año, la población privada de su libertad en México era de 188 mil 423 personas; en Puebla, de acuerdo con los datos abiertos de la Secretaría de Seguridad Pública, el total de mujeres y hombres procesados y sentenciados por delitos del fuero común y federal era de 7 mil 512 hasta agosto de 2019.

En el contexto de la actual pandemia, los organismos internacionales como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han extendido a los gobiernos una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de contagio y propagación del virus, como la liberación anticipada de la población penitenciaria vulnerable: adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con condiciones críticas de salud.

El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, anunció el 20 de mayo que el gobierno del estado evalúa la preliberación de 406 presos en situación de riesgo o vulnerabilidad.

La Ley de Amnistía que será presentada el próximo miércoles por el diputado Gabriel Biestro Medinilla beneficiaría a una población mucho más extensa, procesada o sentenciada por los delitos de aborto, robo simple, sedición y por delitos en contra de población indígena que no contó con todas las garantías durante su proceso.

Sería una medida que, replicando lo previsto en la Ley General en la materia, contribuiría a despresurizar el sistema penitenciario estatal, situación que ha sido señalada tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por la CDH de Puebla, y las intenciones del gobierno del estado para construir nuevos penales con participación privada.