El exgobernador César Duarte, detenido este miércoles en Miami y pedido en extradición a EE.UU., acudió este viernes a su primera audiencia en EE.UU. en la que le leyeron los delitos que enfrenta en su país: "malversación agravada y conspiración agravada".

En la cita, que fue por teleconferencia debido a la pandemia de la COVID-19, se acordó una "conferencia de estatus" para el próximo martes en la que se abordarán los detalles para una próxima vista en la que se evaluará la moción que se prevé presentará la defensa para su libertad bajo fianza.

Además de los cargos que enfrenta, la jueza Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida, le explicó a Duarte sus derechos y los procedimientos de un juicio de extradición, mientras el mexicano le respondió a través de una intérprete que lo entendía.

Los abogados pidieron tiempo a la jueza para preparar las mociones, la primera de ellas, una que busca la libertad bajo fianza de Duarte, quien está acusado en su país de desvío de dinero y delitos electorales en su país.

La defensa subrayó que necesitaba reunir la información y hablar con los abogados del exgobernador en México y acordaron tentativamente con la jueza para el 23 o 24 de julio la audiencia en la que se tratará la libertad bajo fianza.

El martes, la cita será sólo telefónica, y Duarte accedió a no estar presente pues es solo para cuestiones de horarios, que se "complican más" con la pandemia, según dijo la jueza Louise.

Entre tanto, Tom Heinemann, consejero legal y de inteligencia del Departamento de Estado, señaló en un documento judicial archivado hoy en el expediente que el tratado de extradición entre ambos países está "en plena vigencia".

Agregó que él representará los intereses del Gobierno de México, autorizado el secretario Mike Pompeo, en el juicio de extradición de Duarte.

Por otro lado, la jueza no se refirió a un posible traslado de Duarte, aunque el proceso legal contra el mexicano fue presentado el pasado 24 de abril en una corte de Nuevo México.

"Duarte, con la asistencia de funcionarios de su administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados", detalla la demanda.

Precisa que el 8 de octubre de 2019 la jueza María Alejandra Ramos Durán, en Chihuahua, había emitido una orden de arresto contra el exgobernador.

Las autoridades mexicanas descubrieron irregularidades "significativas" en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.

Según la demanda, desde al menos junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6,4 millones de dólares a dos empresas en las que "Duarte era el accionista mayoritario".