En una sesión ordinaria que se alargó por más de 11 horas, la Reforma Electoral propuesta por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, fue aprobada en todos sus puntos, por lo que desde su publicación en el Diario Oficial del Estado: el Poder Legislativo local podrá nombrar al Órgano Interno de Control y a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Dicha reforma contempla varios puntos que ya fueron aprobados a lo largo del día, el primero fue asegurar la paridad de género en todas las candidaturas y cargos de los tres poderes, así como la inversión del 5 por ciento de las prerrogativas de los partidos en la capacitación de mujeres; la prohibición de participar en comicios electorales a los candidatos que incurran en violencia política contra las mujeres en razón de género y la reparación del daño para las víctimas.

También se eliminó la figura del "gran perdedor", se prohibió la publicidad electoral en espectaculares, transporte público, bardas y pendones, así como de portadas de revistas; se crearon los juicios ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), y se eliminan las asociaciones electorales.

Un punto que fue desechado en comisiones fue reducción de financiamiento público a partidos, por lo que la fórmula para calcular las prerrogativas se mantiene como está actualmente.

Los diputados de oposición Carlos Alberto Morales, Rocío García Olmedo, José Juan Espinosa, Javier Casique Zárate Mónica Rodríguez Della Vecchia presentaron reservas al dictamen, en referencia a la modificación de artículo 89 fracción IV y la adición del artículo IV bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Codeip); las reservas fueron desechadas.

El petista José Juan Espinosa calificó como un "atentado a la autonomía del IEE", y denunció que la Reforma Electoral pretende hacer una elección de estado.

Por su parte, Mónica Rodríguez recalcó que la Unidad Técnica de Fiscalización del IEE es la encargada de inspeccionar los recursos de los partidos políticos, por lo que la reforma es un claro atentado contra la imparcialidad del instituto.