El Ayuntamiento de Puebla mantiene seguimiento de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la intención del gobierno del estado de tomar el control de la seguridad pública del municipio de Puebla.

Aunque en este momento las actividades de los tribunales se han visto afectados por la contingencia sanitaria por Covid-19, el síndico municipal Gonzalo Castillo Pérez reiteró que aún no hay una definición de la corte con respecto a la controversia constitucional que exige el reparto a la autonomía del Ayuntamiento de Puebla.

Pese el gobernador Luis Miguel Barbosa emitió el decreto con fecha 13 de julio en donde se establece que el estado asumiría el control de la seguridad por existir una alteración del orden público en la ciudad, el síndico de la Comuna aseguró que hasta el momento no hay ningún fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En entrevista, Gonzalo Castillo Pérez afirmó que la controversia está en cancha de los magistrados por lo que está sujeta a su decisión.

"En cuanto a la controversia aún no hay un fallo. Seguimos en el seguimiento de la misma que se encuentra en la sala de la suprema corte, la razón no la tiene ninguna de las partes hasta que haya un posicionamiento final".

El síndico municipal aseveró que la SCJN en su carácter de juez y ministro es la instancia que al final determinará a cuál de las dos partes le asiste la razón.

Por ello, aclaró que el Ayuntamiento de Puebla en apego a la ley, se sujetará a lo que determinen los jueces pero dentro del seguimiento a la controversia por secuencia debido a que los trabajos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran paralizados por la contingencia sanitaria.

"Nos sujetaremos a lo que decidan los jueces, estamos a la espera de lo que decida el máximo tribunal estamos esperando porque por lo mismo de la pandemia se puede dar secuencia, solo estamos esperando la resolución".

Aunque no hay fecha específica sobre el fallo, Castillo Pérez aclaró que los juzgados federales pusieron a disposición un mecanismo digital para seguimiento del caso durante la contingencia el cual incluye el Firel (firma electrónica) para dar secuencia a los temas legales que están en proceso.

Insistió, en que desde un principio se ha puesto a disposición del estado el trabajar coordinadamente como lo solicitó el gobernador, Luis Miguel Barbosa, no así que tome el control y la designación de una delegada.

Al final, reveló que la controversia sigue su camino jurídico, por lo que esperarán el fallo definitivo que pronuncie la instancia judicial una vez que haga la revisión de la solicitud.