Puebla se ubica en el quinto lugar a nivel nacional en número de personas desaparecidas al registrar 423 casos durante 2019, de acuerdo a la Comisión de Nacional de Búsqueda.

La entidad también se encuentra en segundo lugar en desaparición de mujeres, y en el tercero en desaparición de infantes, por lo que el asunto debe atenderse de manera urgente.

El colectivo "La Voz de los desaparecidos", la diputada de Morena Estefanía Rodríguez Sandoval y la Ibero Puebla diseñaron la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, propuesta que se trabajó durante cinco foros abiertos, y en múltiples reuniones.

Después de muchos esfuerzos, la iniciativa fue enviada al Congreso local el pasado 15 de julio y de seguir avanzando, será votada en el Pleno el 15 de septiembre de este año.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La ley está conformada por cinco títulos, 106 artículos y 12 transitorios que tienen como objetivo generar una coordinación entre los diferentes entes municipales y estatales para establecer una correcta distribución de competencias, y así coadyuvar a la búsqueda y localización de personas desaparecidas en Puebla.

Dentro de la ley, se otorga a los familiares de los desaparecidos la facultad de participar en la búsqueda.

FISCALÍA ESPECIALIZADA

Uno de los puntos más importantes es la creación de una Fiscalía Especializada para la investigación de la desaparición forzada de personas, para así dotarla de recursos financieros y humanos, técnicos especializados y multidisciplinarios.

La ley también contempla la creación de una Comisión de Búsqueda Estatal; un Consejo Estatal Ciudadano, conformado por seis familiares de personas desaparecidas, tres especialistas en materia de protección y defensa de los derechos humanos y dos representantes de la sociedad civil; y un Mecanismo Estatal, el cual se encargará de implementar lo señalado por la ley y coordinar a las instituciones.

FINANCIAMIENTO

Buscará la creación de un Fondo Estatal de Desaparición, el cual deberá tener un financiamiento no menor al 0.05 por ciento del presupuesto de egresos del ejecutivo estatal, para garantizar su correcto funcionamiento.

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO

En caso de aprobarse, habrá una disculpa pública por parte de Estado, una garantía de no repetición, atención médica y psicológica para las víctimas, así como una indemnización de los gastos jurídicos y de transporte.

La iniciativa será votada en el Pleno del Congreso el 15 de septiembre, y en caso de ser aprobada marcará un hito en la lucha de diferentes organizaciones que aún buscan a sus familiares, y que se han enfrentado a la falta de legislación en la materia.