Proponen hasta 8 años de cárcel para quienes no vacunen a sus hijos en Puebla

La iniciativa del diputado José Juan Espinosa busca evitar la escalada del movimiento antivacunas en Puebla.

Hasta ocho años de cárcel es la pena que José Juan Espinosa, diputado del Partido del Trabajo (PT), propone para los padres poblanos que no vacunen a sus hijos. Además, pide que aquellos que omitan la aplicación de las vacunas sean acreedores a una multa de hasta de 130 mil pesos –mil quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA)– por poner en riesgo la salud de los menores de edad.

Lo anterior forma parte de una iniciativa que el legislador envió al Congreso de Puebla, en la cual busca tipificar el delito de "negligencia contra la salud de menores" para evitar que los padres o tutores de menores de edad en Puebla sean omisos en la aplicación del esquema básico de vacunación; la pena mínima que se pretende aplicar a quienes incurran en este delito será de tres años.

 

La iniciativa pretende reformar el artículo 349 del Código Penal de Puebla, y en caso de ser aprobado quedaría de la siguiente forma: "comete el delito de negligencia contra la salud de los menores, quien ejerza la patria potestad, guarda, custodia, o tutela de un menor y omita proveer todas las vacunas que integran el Esquema Nacional de Vacunación".

El punto de acuerdo presentado también contempla la adición del artículo 349 Bis, el cual refiere que las multas que se aplicarán por incurrir en el delito antes mencionado serán de cien a mil 500 Unidades de Medida y Actualización.

El objetivo de la propuesta, de acuerdo a quien la impulsa, es frenar el movimiento antivacunas en Puebla, ya que está ganando terreno principalmente en países de Europa, y en Estados Unidos por la creencia en teorías conspirativas que sugieren que son letales o que no funcionan. En el caso de México, la Ley General de Salud en su artículo 156 específica que el acceso a las vacunas es un derecho de todos los habitantes.

La iniciativa fue presentada en la Comisión Permanente del Congreso, y fue enviada a la Comisión de Administración y Justicia, y la de Salud, para su análisis y en su caso aprobación.

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