Cuauhtémoc Cruz Isidoro, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, acentuó que la desaparición del fideicomiso que se destinaba a protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es un grave retroceso en el sentido de que puede vulnerar y poner en riesgo la vida de las personas que ya forman parte del mecanismo de protección.

Por lo tanto, desde su análisis, el hecho de que se elimine el fondo, en lugar de mejorar las condiciones puede representar una realidad contraria para seguir manteniendo la eficacia de protección de personas.

“Más allá de los gastos operativos del mecanismo que es independiente, el fondo lo que busca costear son las medidas de protección que ya forman parte de eso”, explicó.

Dijo que ahora están en espera de la reacción de la Secretaría de Gobernación, que es la que opera el propio fondo.

Dijo que el dejar sin recursos a personas que forman parte del mecanismo de protección iría en contra de las responsabilidades del estado mexicano en el sentido de proteger y garantizar la protección de derechos humanos.

Aclaró que el fondo destinado a las medidas de protección, técnicamente no tiene un impacto directo en las organizaciones, sino en las personas que son beneficiarias.

Tomando en cuenta los pronósticos de la ONU, indicó que se calcula que en México para 2020 se iban a tener mil 414 personas, y a la fecha, de acuerdo al propio mecanismo de protección, se tiene un registro de mil 304 personas beneficiadas.

En tanto, la misma ONU proyecta que para 2014 se tendrán más de 3 mil personas beneficiadas, “entonces nos habla de que van a incrementar drásticamente el número de personas, pero los recursos van a ir a la baja”.