El Consejo Universitario de la Benemérita Universitaria Autónoma de Puebla (BUAP) acusó persecución política por parte del gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta hacia la institución y al rector Alfonso Esparza Ortiz.

Durante la sesión virtual, el pronunciamiento lo leyó José Manuel Alonso Orozco, integrante de la comisión estatutaria de planeación del Consejo, donde sentenció que la máxima casa de estudios en la entidad “ha sido blanco de la acción articulada y sistemática de las instituciones del gobierno de Puebla”.

Tomando en cuenta que los ataques se centran en el administrador central de la institución, dijo que se responsabiliza al mandatario local de cualquier acto que atente contra el rector, su familia y cualquier universitario.

“Con el cambio del titular del Poder Ejecutivo del estado, nuestra universidad ha sido blanco del asedio, acción articulada y sistemática de las instituciones del gobierno del estado, que han llegado a la indeseable práctica de manipular a la opinión pública, no solo para desacreditar a las autoridades universitarias, sino para hacer parecer que es un gobierno dedicado a perseguir a todo aquel que se interponga en su objetivo de tomar el control de la máxima casa de estudios”, relató.

Recordó que desde que llegó Barbosa al poder ordenó la revisión en tiempo real de los once meses de la gestión financiera de 2019, cuando esa actividad constitucionalmente debe corresponder por lo menos a un ejercicio de un año completo.

Además, aseguró que la orden que tenía el Auditor Superior del Estado (ASE) consistía en revisar irregularmente los recursos municipales “que por cierto no administramos”; los recursos federales a pesar de que la ASE Puebla no tiene competencia para auditarlos; y los recursos estatales, los únicos que corresponden legalmente a su revisión.

“Dicha revisión resultó a todas luces ilegal, de ahí que la propia Auditoria Superior de la Federación tuvo que pronunciarse por el respeto a la exclusividad del ámbito de su competencia”, recalcó.

También dijo que un paso fue intentar nombrar al contralor interno de la universidad lo que, desde el ámbito nacional, recibió el repudio de las universidades por ser un acto que atenta contra la autonomía universitaria.