Gobierno estatal responde al consejo universitario de la BUAP: No existe persecución

Reiteró que el rector no personifica la autonomía universitaria de la BUAP, él es un servidor público que tiene que cumplir con la ley.

A través de un comunicado oficial, el gobierno del estado se pronunció respecto a los señalamientos realizados por el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, y el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios.

En primer lugar, negó categóricamente que exista persecución u hostigamiento hacia alguna persona, pues la actual administración cree en la ley, su compromiso es respetarla y hacerla cumplir.

“Segundo. La autonomía universitaria es una garantía jurídica que permite a algunas instituciones de educación superior establecer condiciones adecuadas para su organización interna, su administración y el desarrollo de sus actividades sustantivas como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura,” se lee en el texto.

Resaltó que la autonomía universitaria no significa aislamiento, ni actuar al margen del ordenamiento jurídico; al contrario, establece vínculos y compromisos por el bien común de toda la sociedad.

Reiteró que el rector no personifica la autonomía universitaria de la BUAP, él es un servidor público que tiene que cumplir con las funciones y obligaciones que establecen las leyes y los propios ordenamientos universitarios.

“Ningún servidor público puede ampararse en la autonomía universitaria para no cumplir con la ley.”

Aclaró que Esparza Ortiz está siendo investigado como presunto responsable de delitos que dañaron el patrimonio de la BUAP y que el proceso se hará conforme a la ley, para deslindar responsabilidades, de acuerdo con lo procedente en un Estado de Derecho.

“Quinto. El Gobierno del Estado de Puebla expresa su absoluto respeto a la autonomía y a la comunidad universitaria de la BUAP; así como su compromiso con el combate a la corrupción,” finaliza el escrito.

Pidió que se deje de utilizar la autonomía universitaria como argumento para confundir a la comunidad de la BUAP y a la opinión pública; así como para intentar evadir la rendición de cuentas, la transparencia y la aplicación de la ley.



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