El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó al Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros realizar el pago total de las remuneraciones que corresponden a los regidores, mismas que fueron reducidas en un 25 por ciento por acuerdo de Cabildo para, supuestamente, atender los efectos negativos provocados por el covid-19 en ese municipio.

En sesión extraordinaria del 29 de abril, el cabildo acordó la reducción de las remuneraciones, aunque se dejó sin efecto el acuerdo en una sesión posterior. Se estableció que aquellos que votaran en contra de la reducción estarían exentos del descuento pero no se respetó el acuerdo, y continuaron haciendo las reducciones.

Por ello, los regidores afectados Rosa Elena Alfaro Martínez, Santiago Cabrera Narciso y Mayté Martínez Briseño presentaron denuncias ante el tribunal con los expedientes TEEP-A-122/200, TEEP-A-137/2020 y TEEP-A-138/2020, respectivamente, mismos que fueron acumulados en un solo proyecto de resolución que finalmente fue declarado fundado.

Sobre la sentencia, el magistrado presidente, Gerardo Saravia Rivera, explicó que este tipo de casos han sido muy recurrentes en los últimos meses, y resolverlos es complicado porque no existe jurisprudencia. Destacó la gravedad de las omisiones por parte de los presidentes municipales, y dijo que incluso el Congreso podría comenzar un proceso de revocación de mandato.

"El suprimir de manera arbitraria el pago de las remuneraciones (...) genera una vulneración de carácter constitucional. El tema no es fácil desde el punto de vista técnico-jurídico porque no ha habido una definición estándar que sea obligatoria para los tribunales, ni siquiera de la Supremas Corte de Justicia de la Nación", señaló.

Por último, el TEEP ordenó al secretario del ayuntamiento, Esteban Antoni Ortíz Aguilar, entregar actas certificadas de las sesiones de cabildo del 29 de abril, y las correspondientes al 4, 2 y 14 de mayo a Rosa Elena Alfaro Martínez en un plazo máximo de 20 días, pata que posteriormente la regidora envíe los documentos al tribunal. También se impuso una amonestación pública al presidente municipal Benjamín Hernández Lima.