Las penas aumentarán hasta en una mitad (nueve años) cuando el sujeto tenga conocimientos técnicos o profesionales en materia de informática, sistemas computacionales o electrónicos o cualquier otro afín, y el sujeto activo cometa el ilícito contra personas físicas o jurídicas que ejerzan una función o servicio público.

En el ámbito nacional e internacional, la suplantación de identidad registró un repunte entre 2016 y 2019 de 11.9 por ciento; sin embargo, de las reclamaciones hechas a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por este delito, se concluyeron 5 mil 640, de las que el porcentaje de resolución a favor del usuario en 2019 fue de 59.2 por ciento, cifra menor al 74.4 por ciento registrado en 2016.

La suplantación de identidad es llevada a cabo cuando se obtienen de manera fraudulenta los daos personales de una persona, con las que se tiene el objeto de realizar acciones de manera ilícita.

Ante ello, a diputada María del Carmen Saavedra Fernández, partidaria de Morena, presentó la propuesta de reformar adicionar la sección sexta Bis al capítulo décimo del libro segundo y los artículos 258 Bis y 258 Ter al Código Penal, para que se tipifique el delito de suplantación de identidad en Puebla.

Se pretende buscar una condena de hasta nueve años de prisión y una multa máxima de 115 mil 840 pesos cuando la víctima sea un funcionario público, mientras que para un civil, la multa de cárcel sería de hasta seis años y un máximo de 86 mil 880 pesos.

Cabe resaltar que en 2020, según informes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, hubo un total de 11 suplantaciones de identidad de instituciones financieras, por ende, esto afectó económicamente a usuarios que quisieron hacer uso de un crédito.

Por su parte, la CONDUSEF hizo una serie de recomendaciones para quienes quieran disponer de un crédito:

Evita contratar préstamos o créditos en los que se tengan que dar anticipos; asegurarse de que la Institución o Entidad Financiera esté registrada ante el SIPRES que administra la CONDUSEF; no proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito; no entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito. No brindar información ni realices operaciones, a través de redes sociales. Asegurarse que las personas contactadas realmente laboren en la entidad financiera; no firmar ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente: en caso de que la razón social contenga las siglas S.A. de C.V., estar seguro que esa empresa o entidad realmente exista; y verificar en todo momento la información que sea brindada.