En términos generales lanueva Ley del Notariado en Puebla, impulsada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, reduce de 50 a 20 mil el número de habitantes necesarios para crear una notaría.

Además la nueva legislación establece que para ser notario ya no es necesario vivir en la entidad mínimo 5 años, sino ahora dos años.

Esos son los principales contrates que se modifican tomando en cuenta la ley en tiempos de Rafael Moreno Valle Rosas.

Tales especificaciones, a decir de Rubén Alberto Curiel Tejeda, asociado de la Unión Internacional del Notariado Latino, la nueva ley va perfilada para darle algún tipo de oportunidades a ciertas personas que “están en este supuesto e hipotético de solamente vivir en Puebla dos años”.

Explicó que en la ley anterior se señalaba que tenían que existir 50 mil habitantes para que se instalará una notaría, y ahora se baja a 20 mil personas, pero sin tomar en consideración que hay población que no van a necesitar el acceso a un notario, pero hay localidades que sí lo requieren.

“Con esto lo que están haciendo ahora es dar apertura para la entrega de más cantidad de notarías”, advirtió.

El también coordinador de la Maestría en Derechos Humanos en la Ibero Puebla, consideró que lo que en realidad se debería de hacer es que realmente los exámenes de oposición sean apegados a derecho, “tanto el examen para aspirante a notario, como el examen de oposición deberían de ser apegados a derecho”.

Pidió que ojalá en este gobierno no suceda como en regímenes anteriores, donde las notarías se entregaban exclusivamente como premios políticos.

“Lo que se requiere es que haya notarios profesionales, que conozcan el derecho notarial, porque si no seguimos bajo el supuesto de premios políticos, y no personas de calidad”, acentuó.

El experto evidenció que hay gente que ha trabajado toda su vida en notarias, que sabe del tema y no pueden acceder a una porque son premios políticos, mientras que hay otros ciudadanos, que jamás han pisado un lugar de esos, pero que se les otorga un espacio de esa naturaleza.

La iniciativa, que deroga la ley actual, fue enviada por el mandatario al Congreso local el jueves pasado y dos días después fue aprobada por mayoría de votos de los diputados que integran la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por lo que fue turnada al Pleno del Congreso local para su eventual aprobación.