La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado aprobada recientemente en Puebla a propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En el recurso interpuesto por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), radicado en el expediente 61/2021, señala dos artículos de la legislación. Específicamente pide que se invalide la fracción I del artículo 55, la cual establece que los nuevos notarios deberán tener la nacionalidad mexicana "por nacimiento”, así como la fracción I del artículo 201, la cual señala que los notarios solo podrán ser suspendidos por “Encontrarse bajo los efectos del auto de vinculación a proceso penal por delito doloso, clasificado como grave por la legislación penal aplicable”.

Según el doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la maestría de Derechos Humanos de la Ibero, señaló que ambos artículos sí deberían de ser modificados ya que los dos se ostentan como discriminación por categoría sospechosa, ya que la restricción en el artículo 55, es muy rigurosa.

Indicó que la restricción se puede catalogar como una violación a los derechos humanos, pues puede existir gente que aunque haya nacido en otro país o tenga otra nacionalidad, pueda aplicar para ser notarios.

“Vamos a suponer que una mamá y un papá poblanos, fueron a un viaje a Estados Unidos y ahí nació su hijo o hija y ellos deciden que se le otorgue la nacionalidad norteamericana, y regresan a puebla y aquí viven toda la vida, y en un momento determinado decide estudiar derecho y decide incorporarse al ejercicio notarial. Por ese artículo ya no podría ser considerado para el examen de posición,” explicó.

En el caso de la modificación al artículo 201, señaló que “la vinculación a proceso se podría armar un “chaleco”, que es como se le denomina a un notario que fuera incómodo para un gobernador, y con el solo hecho de que en el procedimiento se le vincule a proceso, o sea no cuando se le imponga la sentencia, sino en la primera etapa del procedimiento penal.”

A decir del especialista, ambos artículos tendrían que ser modificados para que los derechos humanos de quienes pretendan ejercer como notarios, no se han vulnerados.