Un Juez de Control decretó como legal la detención del comisario y el comandante de la policía municipal de Amozoc de Mota. Como lo adelantó este diario los delitos que se les imputan son los de portación ilegal de arma de fuego, espionaje contra las instituciones públicas y cohecho. Además, serán investigados por el homicidio de los seis policías de Amozoc y supuestamente por permitir el robo de combustible en aquella región. Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público confirmó que dos de los policías ejecutados habían denunciado -uno de ellos tres días antes de ser asesinados y el otro un día previo al crimen- a sus mandos ante la Contraloría municipal por diversas irregularidades. Mientras que un día después, el 16 de junio, se iniciaron en su contra las carpetas de investigación 1945/2018/Tepeaca y 1941/2018/Tepeaca por obstaculizar la procuración e impartición de justicia y por homicidio calificado, respectivamente. El lunes, además de decretar la legal detención, se les formuló la imputación por los delitos mencionados a Javier N, el comisario de Amozoc, y a Alfredo N, comandante de esa misma demarcación. Sus defensores solicitaron la ampliación del plazo para que se realice la audiencia de vinculación a proceso. Según lo expuesto durante la audiencia de control de detención, el viernes 15 de junio, en el lugar donde fueron ejecutados los seis policías de Amozoc en la colonia Signoret, Chachapa, los agentes ministeriales habrían escuchado el momento en que uno de los imputados hablaba por teléfono y decía lo siguiente: ""Está grueso el problema, ábranse del lugar a la voz de ya, aquí en la zona ya hay demasiados policías estatales y ministeriales, nos puede caer la voladora", por eso se les señaló del delito de espionaje contra las instituciones públicas. Mientras que la portación de arma de fuego se les imputa porque al parecer el comisario Javier tenía una que no era la de cargo el día que fue detenido, mientras que el comandante además llevaba dos. El delito de cohecho es porque a Javier al parecer ofreció 12 mil 600 peso a los ministeriales para que los dejaran ir, mientras que a Alfredo lo acusan de haber intentado dar 550 pesos para lo mismo. Ejerciendo su derecho a declarar, Alfredo indicó ante el juez de control que es mentira lo que dijo el Ministerio Público, pues lo que relató no corresponde con la forma como fue detenido. Indicó que a él le dijeron que los acompañara y hasta el día siguiente le informaron que estaba aprehendido. Agregó que no pudo haber ofrecido 550 pesos para que lo dejaran en libertad porque ese día sólo llevaba 50. La defensa de los dos mandos policiales solicitó la ampliación del plazo para que se realice la audiencia de vinculación a proceso, la cual se efectuará el viernes. Los civilesEn tanto, durante la audiencia de control de detención de uno de los dos civiles detenidos por la Policía Estatal -el otro es un menor de edad y su caso se revisa en las estancias correspondientes-, se decretó como legal su arresto y se le vinculó a proceso por los delitos de espionaje contra las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así como portación de arma de fuego sin licencia. Se señaló que tanto él como el menor de edad, al parecer, se desempeñaban como halcones, es decir, que se encargaban de proporcionar información a grupos delincuenciales sobre los movimientos de las corporaciones de seguridad en la zona. |