Ilse Lucía B, presidenta del Sistema DIF Municipal de Venustiano Carranza, quedó vinculada a proceso el martes por parte de un juez de control federal que llevó a cabo la audiencia en la que se determinó dicha resolución.

Su proceso, el cual enfrentará en libertad, será integrado por el delito de portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército Mexicano, y además, se concedieron tres meses para que la Procuraduría General de la República (PGR) concluya con la investigación complementaria.

Mónica G, la supuesta empleada doméstica que fue detenida junto con la esposa del presidente municipal, también quedó vinculada a proceso por el delito antes mencionado.

Durante ese tiempo, se sumará la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por ello se solicitaron los tres meses por parte del Ministerio Público federal.

En la audiencia, la estrategia de la defensa fue argumentar que las armas que fueron encontradas en el domicilio de Rafael Valencia Ávila, edil en funciones y esposo de Ilse Lucía, no podían estar allí puesto que tienen un hijo menor de edad.

Sin embargo, no presentó una sola prueba con la que pudiera demostrar que las armas no estaban en el domicilio, o que hubieran sido "sembradas" y en su intervención, el juez señaló que se tienen documentados casos de negligencia de este tipo.

La Policía Federal fue la que dio cuenta de las armas que se encontraron en el domicilio de la presidenta del DIF Municipal de Venustiano Carranza, tras el cateo del pasado 7 de agosto en la calle Ortiga sin número, en Villa Lázaro Cárdenas.

Aún queda pendiente la entrega del informe por parte de la SEIDO sobre los posibles nexos de Ilse Lucía con células del crimen organizado que operan en la Sierra Norte de Puebla, argumento que también fue expuesto para la concesión de los 90 días de investigación complementaria.

El juez de control no lo consideró excesivo, tomando en cuenta que Ilse Lucía y Mónica, enfrentan su proceso en libertad, luego de que la semana pasada exhibieran 20 mil pesos como garantía económica y que se les impusiera la medida cautelar de presentarse periódicamente en la Casa de Justicia de Huauchinango para firmar su libertad condicional, y la de no abandonar territorio poblano.