Jueza exhibe errores en la investigación del feminicidio de Natalia Andrade

Una jueza del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes emitió observaciones clave sobre la investigación del feminicidio de Natalia Andrade, luego de detectar graves irregularidades en la integración de la carpeta del caso.

El informe judicial pone en entredicho la responsabilidad atribuida a Axel, un adolescente de 12 años, a quien la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) señala como presunto responsable del crimen ocurrido en marzo de 2025.

Entre las anomalías detectadas por la jueza especializada figuran actas mal redactadas, descripciones incompletas del lugar del hallazgo, contradicciones en las fechas de los informes forenses y procedimientos que no se ajustaron al protocolo oficial para investigar feminicidios en el estado de Puebla.

Encuentran errores ortográficos en el acta del levantamiento del cuerpo

El documento judicial, de 70 páginas, evidencia que el acta del levantamiento del cuerpo contiene faltas de ortografía y errores de puntuación que dificultan su comprensión. Además, no se indica de forma clara el sitio exacto dentro del inmueble donde fue hallado el cuerpo ni se especifica el sexo de la víctima.

“(…) solo se indica la posición del mismo y sus extremidades, así como las lesiones externas que según presentaba, pero se omitió referir el lugar exacto de la casa donde fue encontrado y las huellas que se hubieren hallado en el mismo, lo que denota que la diligencia respectiva no fue llevada a cabo de manera exhaustiva y observando las formalidades de la ley”, señala el informe.

No hay coincidencias entre la necropsia y el levantamiento del cadáver

Una de las contradicciones más graves es la falta de coincidencia entre la fecha de ingreso del cuerpo al anfiteatro forense —según la necropsia— y la fecha en que presuntamente se realizó su levantamiento.

“Ingresó al anfiteatro el día 2 del mismo mes y año por la noche; por lo que no existe concordancia con lo asentado en la diligencia de levantamiento de cadáver, ya que no resulta posible que el cadáver ingresara en determinada fecha y su levantamiento se realizara un día después (…) pues se asienta que el levantamiento de cadáver es el 3 de marzo de 2025”.

Además, se señala que las lesiones físicas descritas en la necropsia —como hematomas en la región orbitaria derecha, moretones en el cuello y excoriaciones en la pierna— no fueron registradas en el acta inicial.

Procedimientos incompletos y contradicciones en las entrevistas

La jueza subraya que el Ministerio Público no aplicó el Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio, obligatorio en casos donde se presume violencia de género.

Respecto a las entrevistas realizadas, el informe apunta contradicciones temporales y metodológicas. Por ejemplo, se menciona el testimonio de una persona que dijo haber visto a Natalia el 28 de febrero, un día después de la fecha en que supuestamente fue asesinada. Sin embargo, no hay registros de las bitácoras de ingreso al fraccionamiento que permitan verificar esa versión.

También se cuestiona una diligencia de reconocimiento por videograbación, ya que:

• No se especifica la fecha en que se realizó.
• No se indica el lugar ni la autoridad que la autorizó.
• El testigo fue interrogado con preguntas inducidas, lo que generó imprecisiones y contradicciones.

Otro punto débil en la investigación es el manejo de videograbaciones identificadas como pruebas clave. En los informes se hace referencia a videos marcados con los números 8 y 9, pero no se detalla cómo fueron obtenidos, qué domicilios registraron ni si se siguió el procedimiento adecuado para garantizar su validez como evidencia legal.

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Llamado a rehacer la investigación

Tras enumerar todas las inconsistencias, el órgano judicial ordenó al Ministerio Público realizar una revisión exhaustiva de la carpeta de investigación y corregir todas las omisiones y contradicciones.

“(…) resulta necesario contar con los elementos eficaces que permitan establecer la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que la persona imputada participó en su comisión, los cuales deben ser probados por el agente del Ministerio Público”, concluye el informe.