Familiares de una víctima de homicidio denunciaron públicamente presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de Puebla, luego de que un hombre que había sido sentenciado a 35 años de prisión por asesinato fuera absuelto y liberado por magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado Penal del estado. La denuncia fue realizada por Yectin Ámbar Campos Acosta, esposa de Julio César Flores García, quien perdió la vida presuntamente por órdenes de Juan Óscar “N”, alias “El Oscarin”. La mujer acusó a los magistrados Isaí Rivas y Abelardo Gil de emitir una resolución que dejó en libertad al acusado, a pesar de que existía una sentencia condenatoria previa. De acuerdo con su testimonio, el imputado fue absuelto tras la resolución del Toca Penal 63/2025, emitida el 19 de enero de 2026, apenas 13 días después de que el expediente fue radicado en el tribunal. Campos Acosta calificó como “sospechosa” la rapidez con la que se resolvió el caso. Según explicó, los magistrados argumentaron que el Ministerio Público no tiene facultades para recabar entrevistas de testigos y que estos debían estar plenamente identificados durante el juicio. No obstante, la denunciante aseguró que especialistas en procuración de justicia, organismos de derechos humanos y autoridades les han señalado que dichos argumentos contradicen lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La familia sostuvo que los testigos sí fueron identificados durante el proceso judicial mediante credencial de elector, y recordó que, conforme a la Constitución, el Ministerio Público es la institución encargada de investigar los delitos y recabar testimonios por medios lícitos. Te puede interesar: Tras cateo en Loma Bella, caen seis presuntos integrantes de “Los Bubus” Ante esta situación, Campos Acosta informó que la resolución judicial ya fue impugnada por la vía legal correspondiente, con el objetivo de que el caso sea revisado por instancias superiores. Finalmente, las denunciantes señalaron que su objetivo es visibilizar lo que consideran actos de corrupción dentro del Poder Judicial y exigir que el caso sea revisado a fondo, al advertir que decisiones de este tipo afectan la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
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