Jueves 25 Junio 2026

Un acuerdo emitido por el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Puebla puso en el centro de la atención al juez de Control Regional de la Región Judicial Centro Poniente, Arturo Barranco Montoya, luego de que se confirmara que figura como persona investigada dentro de un asunto que actualmente sigue la Fiscalía General de la República (FGR).

El documento, fechado el 17 de junio de 2026, señala que el Ministerio Público Federal informó formalmente sobre la existencia de una persona con calidad de investigada dentro del expediente e identificó al funcionario judicial que desempeña sus funciones en la región de San Martín Texmelucan.

Aunque el acuerdo no revela los motivos específicos de la investigación, sí deja claro que las actuaciones ministeriales permanecen bajo reserva, por lo que hasta el momento se desconocen públicamente los hechos que son analizados por las autoridades federales.

De acuerdo con el contenido del documento, el órgano jurisdiccional federal recibió información relacionada con el caso y determinó que era necesario realizar la notificación correspondiente al juez para que tenga conocimiento formal de las actuaciones que se desarrollan dentro del procedimiento.

Para cumplir con esta diligencia, se ordenó girar un oficio al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con la finalidad de que, a través de la vía institucional correspondiente, se haga llegar la notificación al juzgador.

 

El acuerdo también precisa que el funcionario puede ser localizado en las instalaciones judiciales ubicadas en la zona del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en San Martín Texmelucan, donde habitualmente desempeña sus funciones.

Asimismo, el documento informa que existe una audiencia programada para el 24 de junio de 2026, a las 12:15 horas, a la cual el juez tendrá derecho de asistir acompañado por un abogado defensor, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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La aparición del nombre de un juez en una investigación federal ha generado interés dentro del ámbito jurídico poblano, especialmente porque, en los últimos años, algunas resoluciones emitidas por distintos juzgados de la entidad han sido objeto de críticas y cuestionamientos públicos.

No obstante, especialistas en derecho recuerdan que una investigación no constituye una sentencia ni una determinación de responsabilidad. En esta etapa corresponde a las autoridades reunir elementos y practicar las diligencias necesarias para determinar si existen o no conductas que puedan derivar en algún procedimiento adicional.

Por ahora, el caso permanece bajo reserva y serán las próximas actuaciones judiciales las que permitan conocer mayores detalles sobre una investigación que ya involucra formalmente a un integrante del Poder Judicial en Puebla.