Entre enero y julio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió 114 carpetas de investigación por delitos contra la libertad personal, de acuerdo con las cifras de incidencia delictiva correspondientes a los primeros siete meses del año. Los registros muestran que la mayor parte de las investigaciones se concentró en la categoría de “otros delitos que atentan contra la libertad de las personas”, con 107 carpetas, mientras que los casos clasificados específicamente como secuestro sumaron siete investigaciones. Te puede interesar: Rescatan en Puebla a dos jóvenes víctimas de secuestro virtual; exigían 300 mil pesos La incidencia presentó variaciones durante el periodo. Enero concentró 17 carpetas, seguido de febrero, con nueve; marzo registró el mayor número, con 24 investigaciones. En abril fueron 11, mientras que mayo y junio contabilizaron 17 casos cada uno. Para julio, la Fiscalía reportó 19 carpetas. ![]() Siete casos fueron clasificados como secuestroDel total de investigaciones relacionadas con delitos contra la libertad personal, siete correspondieron a secuestro en alguna de sus modalidades. La Fiscalía reportó seis carpetas por secuestro extorsivo, mientras que se inició una investigación por secuestro exprés, registrada durante enero. En contraste, durante este periodo no se registraron carpetas por secuestro con calidad de rehén, secuestro para causar daño ni por otro tipo de secuestro. Asimismo, las estadísticas estatales no reportaron investigaciones por tráfico de menores ni por rapto entre enero y julio de 2026. ![]() Marzo, el mes con más investigacionesPor número de carpetas, marzo fue el mes con mayor incidencia, al concentrar 24 investigaciones por delitos contra la libertad personal. Le siguió julio, con 19, mientras que enero, mayo y junio registraron 17 casos cada uno. El comportamiento mensual fue el siguiente:
En conjunto, estas cifras representan 114 carpetas de investigación iniciadas en el estado durante los primeros siete meses del año. Las cifras corresponden a carpetas de investigación iniciadas, por lo que representan la incidencia delictiva registrada ante la autoridad ministerial y no necesariamente el número de víctimas o personas afectadas.
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