Este martes se realizó el procedimiento médico para interrumpir el embarazo de una niña de 11 años, quien presuntamente fue víctima de abuso sexual y permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, en el estado de Tamaulipas. La menor continúa hospitalizada, estable y bajo vigilancia médica, informó el procurador Hugo Gutiérrez Treviño. La menor ingresó el pasado 5 de agosto al Hospital General de Zona número 13 del IMSS, después de presentar vómitos y molestias abdominales. Tras ser valorada, los médicos confirmaron que tenía alrededor de cinco meses de embarazo, por lo que se activaron los protocolos de protección y se notificó a las autoridades. Te puede interesar: Violencia familiar deja más de 6 mil 700 denuncias en Puebla durante 2026 La Fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el embarazo y determinar si la menor fue víctima de violencia sexual. También indaga posibles omisiones en su cuidado y la responsabilidad de personas de su entorno. La madre y el padrastro acudieron a declarar; este último rechazó los señalamientos difundidos en redes sociales que lo identifican como posible responsable. Durante su hospitalización, la madre permaneció junto a la menor y, de acuerdo con el procurador, manifestó estar de acuerdo con el procedimiento desde el ingreso al hospital. Una vez que reciba el alta, la niña continuará bajo resguardo del DIF Matamoros, donde recibirá atención médica, psicológica y educativa. Gutiérrez Treviño pidió manejar el caso con responsabilidad y respeto para proteger la identidad y privacidad de la menor. El día lunes, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) condenó los hechos y señaló que la menor debe ser considerada víctima de violencia sexual. Recordó que el artículo 275 del Código Penal de Tamaulipas establece que se equipara a la violación la cópula con una persona menor de 15 años, incluso sin violencia, por lo que en el caso de una niña de 11 años no puede considerarse válido un supuesto consentimiento.
Cabe recordar que en México, la interrupción del embarazo por el delito de violación es un derecho y debe garantizarse de manera gratuita en las instituciones públicas de salud, sin importar la entidad donde se solicite. De acuerdo con la NOM-046-SSA2-2005, las instituciones públicas están obligadas a brindar este servicio de manera inmediata y confidencial. Además, no es necesario presentar una denuncia previa ante el Ministerio Público ni contar con autorización judicial para acceder al procedimiento.
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