La periodista y defensora de derechos humanos Estefanía Galicia Argumedo, integrante de Radio Zapote, fue víctima de un ataque con arma de fuego contra su domicilio en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, ocurrido el domingo 2 de agosto, hecho que ARTICLE 19 México y Centroamérica pidió investigar con perspectiva de género, enfoque interseccional y considerando su actividad periodística como una de las principales líneas de investigación. La organización hizo público el caso el 11 de agosto y condenó la agresión contra Estefanía Galicia Argumedo, quien realiza coberturas relacionadas con temas ambientales, defensa de la tierra y el territorio, así como delitos como la extorsión en Xochimilco. De acuerdo con el testimonio que Galicia proporcionó a ARTICLE 19, la noche del 2 de agosto regresó a su vivienda acompañada de dos familiares, uno de ellos menor de edad. Al llegar, encontraron abierta y rota una de las ventanas de la habitación del menor. La organización señaló que el daño fue provocado por un proyectil de arma de fuego. Un familiar de la periodista localizó en el exterior de la vivienda el casquillo correspondiente al disparo. ARTICLE 19 reportó que los daños se concentraron en una recámara. Hasta este 12 de agosto no se ha hecho público algún resultado de la investigación que permita establecer quién disparó contra la vivienda, desde dónde se realizó el ataque o cuál fue el motivo. Tampoco existe, hasta ahora, información pública que confirme la detención de alguna persona relacionada con estos hechos. La denuncia pública de ARTICLE 19 representa, por el momento, la información más detallada disponible sobre el ataque. ARTICLE 19 pide investigar la labor periodística como posible móvilTras conocer los hechos, ARTICLE 19 exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con enfoque de género e interseccional. La organización pidió que el ejercicio periodístico de Galicia sea considerado como una de las principales líneas de investigación para determinar si el ataque estuvo relacionado con su trabajo como comunicadora y defensora de derechos humanos. También solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorporar a Galicia como beneficiaria, con medidas que permitan protegerla tanto a ella como a sus familiares. 
ARTICLE 19 recordó que la libertad de expresión implica no solamente permitir la difusión de información, sino también que el Estado adopte medidas para prevenir agresiones contra periodistas y, cuando estas ocurran, investigarlas, sancionar a los responsables y garantizar la reparación y medidas de no repetición. La organización hizo énfasis, además, en los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres periodistas y pidió que la investigación tome en cuenta esta circunstancia. El ataque ocurre después de otros episodios de violenciaEl caso de Galicia no es un hecho aislado dentro de su trayectoria como periodista y defensora. ARTICLE 19 recordó que el 5 de septiembre de 2024 fue privada de su libertad durante varias horas en Xochimilco, en el contexto de una protesta relacionada con la defensa de la tierra y el territorio. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) documentó posteriormente estos hechos en su Recomendación 01/2026, emitida el 26 de febrero de 2026. De acuerdo con la investigación de la CDHCM, Galicia se encontraba entre las personas que participaron en una protesta en defensa del espacio denominado Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, en San Gregorio Atlapulco. Durante los acontecimientos fue detenida y trasladada a instalaciones de la Fiscalía capitalina junto con otros defensores. Te puede interesar: Puebla acumuló 50 agresiones contra periodistas en dos años La Comisión documentó que las autoridades iniciaron una carpeta de investigación contra Galicia y otras personas por delitos como lesiones dolosas y resistencia de particulares. Las cinco personas detenidas fueron liberadas esa misma noche. Posteriormente, la alcaldía Xochimilco desistió de la denuncia presentada contra las personas detenidas. La CDHCM señala que ese desistimiento fue solicitado en noviembre de 2024. Sin embargo, la recomendación refiere que la carpeta de investigación continuaba en trámite y que la última actuación registrada había ocurrido el 14 de octubre de 2025. La Comisión también acreditó violaciones a derechos humanos durante aquellos acontecimientos y emitió recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la alcaldía Xochimilco y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entre las medidas se encuentran el reconocimiento de responsabilidad, una disculpa pública y acciones de reparación y no repetición. 
Por ello, el ataque del 2 de agosto ocurre en un contexto en el que Galicia ya había sido objeto de una detención y de un proceso de criminalización relacionado con su participación en actividades de defensa territorial. Un entorno de hostilidad hacia periodistas y defensores en XochimilcoARTICLE 19 señaló que la agresión debe analizarse dentro de un ambiente que la organización considera hostil hacia periodistas y defensores de derechos humanos, particularmente personas indígenas y quienes defienden la tierra y el territorio en Xochimilco. El antecedente de 2024 también involucró a otros periodistas y defensores. Organizaciones integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denunciaron entonces detenciones, agresiones físicas, uso excesivo de la fuerza y violencia contra personas que documentaban los acontecimientos. La CDHCM posteriormente documentó el uso de la fuerza policial durante las protestas y reconoció violaciones a derechos humanos. En ese contexto, el disparo contra el domicilio de Galicia vuelve a colocar sobre la mesa la seguridad de periodistas comunitarios y defensores que realizan coberturas sobre conflictos territoriales, ambientales y de seguridad. México: siete periodistas asesinados en lo que va de 2026El ataque contra Galicia ocurre, además, en uno de los años recientes más violentos para el gremio periodístico. Hasta el 22 de julio, México acumulaba siete periodistas asesinados durante 2026, de acuerdo con recuentos difundidos por organizaciones y medios nacionales. Los casos registrados corresponden a Carlos Leonardo Ramírez Castro, Juan David Gámez, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, Luis Ángel López Valdez, Manuel Alejandro Moreno Serna —conocido como Alex Serna—, Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar. El registro de ARTICLE 19, actualizado después del asesinato de Leyva, contabiliza 181 periodistas asesinados en México desde el año 2000 en posible relación con su labor periodística. La organización señala que el caso más reciente de su base es precisamente el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio en Oaxaca. ARTICLE 19 precisa que su metodología busca determinar el posible vínculo de cada homicidio con la labor informativa mediante la revisión de información pública, testimonios, contactos con periodistas y familiares, así como otros elementos disponibles. La propia organización advierte que existen otros asesinatos de personas con funciones periodísticas que no necesariamente aparecen en su registro por no haberse podido establecer ese vínculo. Entre los casos de 2026 destaca el de Roxana Guzmán, periodista de Veracruz que fue privada de la libertad el 2 de junio y posteriormente localizada sin vida. La investigación llevó a la detención de varias personas, entre ellas policías municipales, y recientemente el Congreso de Veracruz retiró el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, señalado por la Fiscalía por su posible responsabilidad en el crimen. La muerte de Francisco Alejandro Leyva, ocurrida el 22 de julio, elevó a siete el número de periodistas asesinados durante el año. Puebla: un periodista asesinado en 2026 y 13 agresiones documentadasEn Puebla, la violencia contra la prensa tuvo este año uno de sus episodios más graves con el asesinato de Josué Martínez Contreras, director del medio Noticias San Martín Texmelucan. Martínez fue asesinado el 16 de julio en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en San Martín Texmelucan. Hombres armados que viajaban en motocicleta le dispararon cerca de su domicilio. El periodista se encontraba con su madre y su hijo de 13 años; este último pidió ayuda a los servicios de emergencia. ARTICLE 19 incluyó el caso de Martínez en su registro de periodistas asesinados en posible relación con su labor periodística. Con ello, Puebla registra un periodista asesinado en 2026. 
El homicidio también representa el cuarto asesinato de un periodista registrado por ARTICLE 19 en Puebla en los últimos años. Antes de Martínez aparecen los casos de Adrián Silva Moreno, asesinado en 2012; Aurelio Cabrera Campos, asesinado en 2016, y Marco Aurelio Ramírez Hernández, asesinado en 2023. La investigación por el asesinato de Josué MartínezEl caso de Martínez fue llevado al Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las autoridades federales revisaban la investigación y que también se analizaba un video difundido después del homicidio, en el que Martínez hablaba de amenazas que habría recibido previamente. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que mantenía tres líneas de investigación y que no descartaba el vínculo entre el homicidio y la actividad periodística de la víctima. Dos días después del asesinato, la Fiscalía detuvo a Javier “N”, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, aunque inicialmente la captura fue realizada por el delito de cohecho, después de que presuntamente ofreciera dinero y un vehículo a agentes ministeriales que realizaban diligencias relacionadas con el homicidio. Su detención ocurrió en el contexto de la investigación, pero esto no significa que se haya establecido judicialmente su responsabilidad en el asesinato de Martínez. La Fiscalía mantenía abiertas las distintas líneas de investigación y, hasta la información pública localizada, no se había informado de una sentencia por el homicidio ni se había acreditado judicialmente quién ordenó o ejecutó el asesinato. El Gobierno de Puebla condenó el homicidio y pidió a la Fiscalía estatal investigar tanto a los responsables como el móvil del ataque. También informó que la Dirección para Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal brindaba acompañamiento a la familia. Trece agresiones contra periodistas en Puebla durante los primeros cinco mesesEl homicidio de Martínez se produjo después de que la Red de Periodistas de Puebla alertara sobre un incremento de agresiones contra comunicadores. De enero a mayo de 2026, la organización documentó 13 agresiones contra integrantes de la prensa, cifra que representó un incremento de 76.47% respecto del mismo periodo de 2025. Los casos se distribuyeron de la siguiente manera:
Las agresiones no fueron exclusivamente ataques físicos. La Red registró cinco bloqueos informativos con hostigamiento o jaloneos, dos agresiones físicas, un asalto, una detención arbitraria, un intento de detención arbitraria, un intento de asalto, un caso relacionado con adeudo salarial y uno de censura. En cuanto a los presuntos responsables, la organización señaló principalmente a policías municipales, con tres casos. También identificó a directivos de empresas, franeleros y presuntos ladrones, con dos casos cada uno, además de un elemento de seguridad privada, un presunto comerciante, un poblador y un empleado de la BUAP. Por lo tanto, no existe una cifra separada de “periodistas reprimidos” en Puebla que pueda sumarse como una categoría distinta a las 13 agresiones. Dentro de esos 13 casos sí aparecen detenciones, intentos de detención, bloqueos, hostigamiento y agresiones físicas. Puedes leer: Confirman detención por homicidio del periodista Josué Martínez Puebla ya había ocupado el segundo lugar nacionalEl problema no comenzó en 2026. Un informe de ARTICLE 19 denominado Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia documentó 39 agresiones contra la prensa en Puebla durante 2025, con lo que la entidad se colocó en el segundo lugar nacional, solo por debajo de la Ciudad de México. La Red de Periodistas de Puebla, mediante su propio registro, contabilizó 17 agresiones durante 2025. Las cifras no son necesariamente contradictorias: corresponden a registros y metodologías distintas. ARTICLE 19 documenta un universo más amplio de agresiones relacionadas con la libertad de expresión, mientras que la Red de Periodistas de Puebla utiliza su propio sistema de documentación local. En el registro de ARTICLE 19 para 2025, los principales problemas en Puebla estuvieron relacionados con un ambiente hostil hacia la prensa, estigmatización y amenazas, además de abusos de poder y restricciones en línea. La Red de Periodistas de Puebla, por su parte, señaló que durante los primeros cinco meses de 2026 las agresiones ya equivalían al 76.4% de todas las registradas durante 2025. 
Dos reporteros fueron agredidos en Puebla días antes del asesinato de MartínezEl clima de tensión aumentó en julio. La Red de Periodistas de Puebla denunció las agresiones contra los reporteros Sergio Romario, de ContraMáscaras, y Ninel Zvezda Castillo, de Info Quórum, durante las manifestaciones realizadas el 13 de julio en las inmediaciones del Congreso del Estado. La organización solicitó medidas de seguridad para ambos periodistas y pidió investigar un posible vínculo de los agresores con servidores públicos. Al día siguiente, 14 de julio, el Gobierno de Puebla condenó tanto el asesinato de Martínez como la agresión sufrida por un fotógrafo durante una protesta en las inmediaciones del Congreso estatal. Estos hechos ocurrieron apenas unos días antes de que la muerte de Martínez colocara nuevamente a Puebla en el centro de la discusión nacional sobre la seguridad de los periodistas. De las agresiones a los ataques armadosEl caso de Estefanía Galicia presenta una diferencia fundamental respecto de las agresiones documentadas en Puebla: en Xochimilco, el ataque llegó hasta el domicilio de una periodista y mediante un arma de fuego. No se ha establecido públicamente que el disparo haya tenido como móvil su actividad periodística. ARTICLE 19 precisamente pidió que esa posibilidad sea investigada y que no se descarte desde el inicio. En Puebla, el asesinato de Josué Martínez tampoco ha sido judicialmente resuelto como un crimen cometido por su labor periodística. Sin embargo, ARTICLE 19 pidió que esa actividad sea una de las principales líneas de investigación, debido a los antecedentes de amenazas y al trabajo informativo que realizaba. No te vayas sin leer: Matan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca Los datos disponibles muestran que el problema no se limita a los homicidios. Durante los primeros cinco meses de 2026 se documentaron 13 agresiones, mientras que el estado acumuló 39 casos durante 2025 en el registro de ARTICLE 19. A nivel nacional, en tanto, siete periodistas habían sido asesinados durante los primeros siete meses del año, de acuerdo con los recuentos disponibles. |