Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla intentó llevarse, la madrugada de ayer, al menor de edad Lorenzo, quien estaba bajo resguardo de su padre, Raúl Alberto Orduña, y otros familiares, en el Hotel Villas Arqueológicas, en San Andrés Cholula. También puedes leer: Padre de Lorenzo niega secuestro y afirma que el menor está bajo su cuidado De acuerdo con la defensa paterna, agentes de la Agencia de Investigación Estatal intentaron separar al menor de edad de su padre para entregarlo a su madre, sin exhibir una orden emitida por un juez de control. Según la misma versión, respaldada en un video, en la diligencia participaron siete elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), sin que se presentara personal especializado para la atención de niñas, niños y adolescentes. Durante la intervención, Lorenzo permaneció dormido, mientras su padre confirmó a los agentes que el menor de edad se encontraba con él. El afectado comenzó a grabar y transmitir la actuación de los agentes y cuestionó el fundamento jurídico del procedimiento, al señalar que no había sido notificado de una resolución que le restringiera la guarda y custodia y que, además, cuenta con un amparo provisional. Tras estos señalamientos, el personal de la Fiscalía se retiró del lugar sin llevarse al menor de edad. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que una niña o niño no puede ser separado de quienes ejerzan patria potestad, tutela o, conforme a la legislación aplicable, guarda y custodia, salvo que exista una determinación de autoridad competente que atienda al interés superior de la niñez y respete el debido proceso y el derecho de audiencia de las partes. La misma legislación establece que el interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en cualquier decisión que involucre a menores de edad y obliga a evaluar las consecuencias que una actuación puede tener sobre ellos. Además, desde la reforma publicada el 15 de enero de 2026, dispone que las autoridades competentes en esta materia deben cursar programas de formación y capacitación con perspectiva de género y derechos humanos. 
Señalan fallos en los protocolos y abuso de funciones por parte de FGEPara que se configure el delito de sustracción de menores de edad debe existir una resolución judicial debidamente notificada que establezca la guarda y custodia a favor de uno de los progenitores. Más detalles: Activan Alerta Amber por desaparición de niño de 3 años en Zavaleta Bajo ese argumento, si el menor de edad es localizado en la vía pública podría intervenir la Fiscalía y, en caso de flagrancia, detener al progenitor responsable; mientras que si se encuentra dentro de un domicilio, sería necesaria una orden de cateo emitida por un juez de control. En el caso de Lorenzo, la defensa sostiene que el padre no ha sido notificado de ninguna resolución que limite sus derechos de guarda y custodia y que, además, cuenta con un amparo que impediría separarlo de su hijo. Respecto de una eventual entrada a un espacio privado, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que cuando el Ministerio Público requiera practicar un cateo en un domicilio o propiedad privada debe solicitar autorización a un juez de control, precisando el lugar, las personas u objetos buscados y los motivos de la diligencia. La legislación también contempla excepciones para el ingreso sin orden judicial: cuando sea indispensable para repeler una agresión real, actual o inminente que ponga en riesgo la vida, integridad o libertad de una persona, o cuando exista consentimiento de quien esté facultado para permitir la entrada. El artículo 283 del Código Penal del Estado de Puebla contempla este delito cuando un familiar sustrae a un menor de 14 años de quien legítimamente tiene su guarda o custodia sin su consentimiento. También incluye el supuesto en el que el padre o la madre, aun compartiendo guarda o custodia, aleje al niño del otro progenitor de manera que le impida ejercer sus derechos de convivencia, guarda o custodia. El artículo 283 Bis amplía los supuestos a casos en los que un ascendiente o familiar retenga al menor sin contar con guarda y custodia provisional o definitiva, cuando tenga limitada o suspendida la patria potestad, cuando incumpla convivencias decretadas judicialmente o cuando, teniendo custodia compartida, no devuelva al menor en los términos establecidos. La Fiscalía debía acreditar qué resolución estaba vigente, quién tenía jurídicamente la guarda y custodia, cuáles eran los derechos de convivencia de cada progenitor, qué efectos tiene el amparo invocado por el padre y si las decisiones judiciales habían sido legalmente notificadas y eran exigibles al momento de los hechos. El padre niega secuestro y asegura contar con un amparoPor su parte, Raul Alberto Orduña, padre de Lorenzo negó públicamente haber secuestrado al niño y confirmó que se encontraba bajo su resguardo. A través de un comunicado difundido en redes sociales, sostuvo que no había sido notificado legalmente de una resolución que restringiera sus derechos respecto de su hijo y aseguró contar con una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo que impediría que Lorenzo fuera separado de él. Con ese argumento, su defensa rechaza que su conducta pueda ser considerada automáticamente como una sustracción de menor y sostiene que la Fiscalía no podía entregar al niño a la madre sin aclarar previamente la situación jurídica derivada de las resoluciones existentes. La defensa cuestionó particularmente la actuación ocurrida en el hotel, pues sostiene que un agente investigador pretendió intervenir sin exhibir una determinación judicial que autorizara separar al menor de su padre. Madre denuncia violencia vicaria y campaña de desprestigioLa madre de Lorenzo, Alana Ortuño, ha sostenido una versión distinta de los hechos. Asegura contar con una resolución de custodia provisional otorgada por un juez y sostiene que el padre se llevó al niño sin su autorización. De acuerdo con declaraciones difundidas este 19 de agosto, la madre señaló que denunció la sustracción después de que Lorenzo fuera llevado por su padre y aseguró que éste también se llevó documentación oficial del niño. Asimismo, ha señalado que previamente presentó una denuncia por violencia vicaria y solicitó la intervención de las autoridades. Alana también manifestó que existe una campaña de desprestigio en su contra, que atribuyó al padre de su hijo y a personas cercanas a éste. Aseguró que mediante esa estrategia se busca desacreditarla y desvirtuar los hechos relacionados con la disputa por Lorenzo. El 18 de agosto, Alana Orduño, madre de Lorenzo González Orduño, recibió un espacio en la televisora local estatal SICOM para difundir la alerta por la desaparición del menor y solicitar apoyo para localizarlo. La mañana de este 19 de agosto, pidió públicamente la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier ante el temor de que el padre, Raúl Alberto, pudiera sacar al niño del país; horas más tarde, desde el Congreso de Puebla, reiteró el llamado a las autoridades y señaló que había denunciado al padre por distintos tipos de violencia. Su señalamiento de violencia vicaria debe ser investigado con perspectiva de género y sin minimizar posibles mecanismos de violencia ejercidos a través de su hijo. Sin embargo, esa perspectiva tampoco permite anticipar responsabilidades penales o familiares antes de que las autoridades competentes determinen los hechos y el alcance de las resoluciones judiciales vigentes.
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