México ha registrado 28 ataques con vehículos cargados de explosivos desde 1992, concentrados en tres periodos. La tercera oleada comenzó en 2024 y permanece activa, con cinco ataques registrados en 2026, tres de ellos en Zacatecas, de acuerdo con un recuento del investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). En un análisis publicado el 7 de septiembre de 2026, Sánchez Valdés identificó tres etapas en el uso de vehículos con explosivos por parte de organizaciones criminales. La actual suma 10 ataques desde 2024, principalmente atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en zonas de disputa territorial de Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. En 2026, tres de los cinco ataques ocurrieron en Zacatecas. El caso más reciente se registró en el municipio de Ojocaliente, donde la explosión provocó 11 personas heridas y daños materiales. La primera oleada ocurrió entre 1992 y 1994, durante la reconfiguración de las organizaciones criminales tras la fragmentación del Cártel de Guadalajara. De acuerdo con el análisis, los principales responsables fueron integrantes de los Arellano Félix, enfrentados con facciones de Sinaloa encabezadas entonces por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. La segunda etapa se registró entre 2010 y 2012. La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, utilizó esta modalidad en dos ataques contra la Policía Federal en Ciudad Juárez. Posteriormente, Los Zetas realizaron 11 ataques entre 2010 y 2011 en Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Linares, General Zuazua y Santa Catarina, Nuevo León, y Tula, Hidalgo, en el contexto de la disputa territorial con el Cártel del Golfo. 
Entre las dos primeras oleadas hubo periodos sin ataques registrados: de 1995 a 2009 y de 2013 a 2020. En 2021 ocurrió una explosión en Tula, Hidalgo, utilizada para facilitar una fuga carcelaria, pero el investigador no la considera parte de la tercera etapa. La tercera oleada comenzó en 2024 y contempla, además de los casos atribuidos al CJNG, un ataque en San Juan de los Lagos, Jalisco, y otro en Escuinapa, Sinaloa, atribuido al Cártel de Sinaloa. De los 28 ataques documentados, 20 no registraron víctimas mortales, aunque sí hubo personas heridas y daños materiales. Sánchez Valdés planteó que esta característica apunta a que los vehículos cargados de explosivos también son utilizados para generar temor y exhibir capacidad de ataque frente a autoridades, población y organizaciones rivales. El análisis también abordó la capacidad de los grupos criminales para obtener y utilizar explosivos y mecanismos de detonación, así como la posibilidad de que esta modalidad sea incorporada por otras organizaciones. Te puede interesar: Caen tres por coche bomba en Ojocaliente; suman 23 ataques en Zacatecas El estudio tambien contempló la discusión sobre si estos ataques pueden ser considerados terrorismo. Sánchez Valdés sostuvo que podrían encuadrarse en el artículo 139, fracción I, del Código Penal Federal, que contempla ataques con explosivos contra bienes o servicios públicos o privados cuando tienen como finalidad producir alarma, temor o terror en la población. No obstante, en 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartaron calificarlos como terrorismo y señalaron que correspondían a disputas entre organizaciones criminales. El recuento de Sánchez Valdés fue elaborado a partir de registros de prensa y acompañado de un mapa con la ubicación de los principales ataques. Con cinco casos registrados en 2026, la modalidad acumula su mayor actividad dentro de la tercera etapa iniciada en 2024. |