Jueves 17 Septiembre 2026

Dos ciudadanos de nacionalidad china fueron rescatados ilesos por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) luego de permanecer privados de su libertad en un inmueble ubicado en inmediaciones de la Carretera a Valsequillo. Los hombres llegaron a México por una supuesta oferta de trabajo falsa.

Durante el operativo, realizado el 14 de septiembre, fue detenido en flagrancia Eduardo N., de 24 años, quien presuntamente los custodiaba y portaba un arma.

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La intervención comenzó después de que el Consulado de China en México notificó a la FGE sobre la privación ilegal de la libertad de uno de sus connacionales. De acuerdo con la información recibida, los captores exigían a familiares de la víctima el pago de un rescate.

Con datos de geolocalización y registros visuales proporcionados por la representación consular, agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) ubicaron un inmueble en la zona de la Carretera a Valsequillo y desplegaron un operativo.

Al ingresar al predio, los agentes detuvieron a Eduardo N. y localizaron a las dos víctimas, quienes permanecían atadas. Según sus entrevistas preliminares, ambos hombres residían en Nicaragua y llegaron a México tras recibir una supuesta oferta de trabajo.

Sin embargo, al arribar al país, habrían sido retenidos y despojados de más de 12 mil dólares en efectivo y 60 mil pesos mediante retiros bancarios.

Los afectados también fueron obligados a comunicarse con sus familiares en China para solicitarles más dinero. La barrera del idioma entre las víctimas y sus captores les permitió establecer comunicación preventiva con su representación consular, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

Durante el operativo, la FGE aseguró una escopeta calibre 16 con dos cartuchos útiles, un teléfono celular y el inmueble utilizado presuntamente como casa de seguridad.

Eduardo N. quedó a disposición del Ministerio Público especializado, que deberá judicializar el caso ante un Juez de Control dentro del plazo constitucional para determinar su situación jurídica.