Miércoles 30 Septiembre 2026

La expresidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, rechazó los señalamientos del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien la vinculó públicamente con grupos criminales relacionados con el robo de transporte en la región limítrofe entre Puebla y Oaxaca.

A través de sus redes sociales, la exfuncionaria difundió un comunicado en el que afirmó que las acusaciones en su contra son infundadas. También invocó su presunción de inocencia y negó haber tenido nexos con organizaciones delictivas, pues se dijo víctima de dichas organizaciones.

“Niego rotundamente tener o haber tenido nexo alguno con delincuencia organizada o célula delictiva”, sostuvo.

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Lucero Bárcenas también rechazó que una presunta disminución de delitos en la carretera federal 190 estuviera relacionada con su salida del gobierno municipal. Aseguró que la seguridad pública de Acatlán estuvo bajo responsabilidad del Estado y de la Secretaría de Marina (Semar) durante su administración y atribuyó a esa coordinación parte de las condiciones de seguridad en la zona.

La exalcaldesa afirmó además que, contrario a lo señalado por Jara Cruz, durante su gestión habría sido víctima de amenazas y de acciones en su contra. Recordó que enfrentó una “parálisis” en su Cabildo que atribuyó a intereses externos y aseguró que sufrió un atentado con un artefacto explosivo en su domicilio.

“El gobernador de Oaxaca al parecer ignora que el crimen organizado no operó conmigo, sino en mi contra. Fui objeto de amenazas de muerte, de una parálisis orquestada en mi Cabildo por intereses oscuros y de un atentado directo con un artefacto explosivo en mi propio domicilio”, indica su comunicado.

Destacó que durante el ejercicio de su cargo denunció públicamente las amenazas que, según afirmó, provenían de grupos delictivos que operan en la región, por lo que le pidió al mandatario revisar las fuentes de información utilizadas para realizar sus acusaciones.

La exalcaldesa también calificó que su postura “defectuosa o sesgada” puede afectar la presunción de inocencia y desviar la atención de los problemas de seguridad que existen en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca.