La intervención del crimen organizado, las amenazas contra aspirantes y candidatos, los ataques a autoridades y la presión sobre las estructuras electorales representan algunos de los principales riesgos para las elecciones de 2027, advirtió Laboratorio Electoral, que identificó focos de violencia criminal en distintas regiones del país y llamó a reforzar las medidas de prevención y protección. En su primer informe sobre el próximo proceso electoral, la organización analizó los riesgos en tres dimensiones: violencia, gobernanza e integridad electoral. Entre las entidades en las que se detectaron focos rojos por la presencia e intervención de grupos delictivos, se encuentran Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Guanajuato, donde se han documentado prácticas de intimidación contra la población, ataques a autoridades e interferencias en la organización de los comicios. El organismo advirtió que las agresiones no se limitan al asesinato de contendientes políticos. También incluyen amenazas directas, atentados, secuestros y presiones contra familiares, militantes, dirigentes partidistas, colaboradores de campaña y autoridades electorales, acciones que pueden paralizar actividades proselitistas, obligar a renunciar a aspirantes y modificar las condiciones de competencia. Puebla arrastra antecedentes de violencia en comiciosEn el caso de Puebla, la entidad aparece entre los estados con mayores antecedentes de violencia político-electoral durante el proceso 2023-2024, en la que acumuló 24 eventos violentos, cifra que la colocó en el quinto lugar nacional, de acuerdo con el informe final de Laboratorio Electoral, con datos actualizados a septiembre de 2024. De ese total, 18 agresiones fueron contra aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular y tres terminaron con el asesinato de las víctimas. Además, tres candidatos poblanos que sufrieron ataques consiguieron ganar sus respectivas elecciones, mientras que otros 10 contendientes que no resultaron electos también fueron víctimas de agresiones o asesinatos. En estos últimos indicadores, Puebla ocupó el segundo lugar nacional, solo detrás de Chiapas. 
El antecedente estatal se suma al balance nacional del organismo, que calificó los comicios de 2023-2024 como los más violentos de los que tiene registro. Durante ese periodo documentó 379 eventos violentos, al menos 41 contendientes políticos asesinados y 116 víctimas mortales vinculadas con el proceso electoral. Te puede interesar: Puebla, entre los estados con más violencia política; país suma 51 agresiones en 2026 La violencia tuvo una concentración marcada en el ámbito municipal; 75 por ciento de los ataques ocurrieron en ese nivel de gobierno y 92 por ciento de las candidaturas asesinadas buscaban una presidencia municipal, sindicatura o regiduría. El patrón, advierte el análisis, refleja la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante las disputas territoriales y la intervención de estructuras criminales. En otro de sus registros sobre las formas de presión política, Laboratorio Electoral contabilizó 139 amenazas directas, 102 atentados no letales y 19 privaciones de la libertad. Estas modalidades muestran que el control de las contiendas no necesariamente requiere llegar al asesinato: la intimidación y las agresiones contra el entorno de las candidaturas también pueden alterar el desarrollo de las campañas. 
El riesgo para 2027 también se extiende sobre autoridades municipales, ya que advirtieron que puede mantenerse después de las elecciones mediante amenazas, extorsiones y ataques contra funcionarios, particularmente de las áreas de seguridad, como parte de las disputas por el control de los territorios. Ante este escenario, Laboratorio Electoral llamó a los partidos políticos y autoridades a implementar evaluaciones de riesgo desde la selección de candidaturas, capacitar a quienes participarán en las contiendas y establecer mecanismos de prevención, protección y atención de amenazas. También planteó fortalecer la gobernanza y la integridad electoral para evitar que la violencia limite la competencia política y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente.
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