El esquema de préstamos ilegales y extorsión conocido como “gota a gota” mantiene presencia activa en al menos 12 municipios de Puebla, concentrándose en la capital poblana, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Tehuacán, Ajalpan, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros, Xicotepec, Huauchinango y Chignahuapan, de acuerdo con un análisis de fuentes hemerográficas sobre la expansión de esta modalidad delictiva. A nivel nacional, el fenómeno se ha extendido a 172 municipios en 31 de las 32 entidades federativas, con mayor incidencia en el centro y sur del territorio mexicano. La Ciudad de México registra la concentración más alta al reportar casos en 15 de sus 16 alcaldías —con excepción de Cuajimalpa—, seguida del Estado de México con 28 municipios, Oaxaca con 15, Puebla y Tlaxcala con 12 cada uno, Yucatán con 11, Hidalgo y Campeche con siete, y Querétaro, Chiapas y Quintana Roo con cinco demarcaciones respectivamente. Según el diagnóstico, Sinaloa es la única entidad sin registros documentados hasta el momento, lo cual se atribuye a la oposición del Cártel de Sinaloa al ingreso de células criminales colombianas en su territorio, pese a que dicha organización sí opera esta modalidad de crédito ilegal en otros estados como Oaxaca; mientras tanto, en la región norte del país la presencia del esquema comienza a mostrar una tendencia al alza. Te puede interesar: Detienen a extranjero ligado a préstamos ilegales en Cholula ¿Qué son los préstamos gota a gota?Esta modalidad financiera ilícita surgió en la década de los noventa en Medellín, Colombia, impulsada por la organización criminal La Oficina de Envigado, y actualmente opera en 17 países del continente. Su mecanismo consiste en otorgar dinero rápido sin aval ni garantías a personas con urgencia económica —principalmente comerciantes y mujeres—, enganchándolas mediante volantes, redes sociales o visitas directas en mercados para exigirles pagos diarios con intereses elevados, penalizaciones por atraso y cobros mediante violencia y amenazas cuando caen en impago.
En México, el sistema ingresó en 2012 a través de grupos de origen colombiano y posteriormente fue replicado por organizaciones delictivas nacionales como La Unión Tepito, La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, ya sea de manera independiente o en alianza. Para frenar este delito, especialistas plantean cinco ejes de acción: reformar los códigos penales para tipificar el delito, ejecutar operativos encubiertos para desarticular redes, crear canales seguros de denuncia, lanzar campañas preventivas y aplicar sanciones severas que incluyan la deportación inmediata de infractores extranjeros tras cumplir su condena. |