Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los congresos locales en México mantienen costos elevados y esquemas de gasto que serán revisados dentro de la reforma electoral propuesta por su administración, entre ellos el Congreso del Estado de Tlaxcala, que se ubica entre los 12 más costosos del país. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2026, el Poder Legislativo estatal ejercerá 408 millones 425 mil 123 pesos, pese a contar con solo 25 diputadas y diputados, uno de los números más reducidos entre las legislaturas estatales. Al dividir el presupuesto total entre los integrantes de la LXV Legislatura, el costo promedio por legislador supera los 16 millones 337 mil pesos al año, monto que incluye salarios, apoyos legislativos, gastos operativos y otras partidas administrativas. 
En materia salarial, el presupuesto establece que cada legislador puede percibir hasta 145 mil pesos mensuales, lo que representa un ingreso máximo anual de un millón 740 mil pesos por diputado. Este monto supera el salario máximo previo autorizado, que era de 135 mil 923 pesos mensuales, cifra que fue incrementada para el ejercicio fiscal vigente. Además del salario, cada integrante del Congreso cuenta este año con una bolsa de 3 millones 808 mil 512 pesos destinada a “ayudas sociales”, recurso conocido como fondo de gestión social, el cual fue objeto de observaciones por parte de organismos y especialistas en transparencia debido a la falta de criterios uniformes sobre su aplicación y comprobación. Te puede interesar: Diputados de Tlaxcala cuestan 43 millones de pesos anuales a la ciudadanía A estos recursos se suman otras erogaciones contempladas en el presupuesto legislativo, como bonos, apoyos para actividades relacionadas con la función parlamentaria, así como partidas para materiales, suministros y servicios generales, que forman parte del gasto operativo del Poder Legislativo. Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el llamado “Plan B” de la reforma electoral buscará establecer límites al porcentaje del presupuesto estatal que se destina a los congresos locales, además de revisar las percepciones de funcionarios municipales como síndicos y regidores, con el objetivo de reducir lo que calificó como privilegios y gastos desproporcionados en distintos niveles de gobierno.
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