La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que los congresos estatales no pueden fiscalizar recursos federales ejercidos por municipios, al establecer que esa facultad corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al resolver la controversia constitucional 245/2025, el pleno del máximo tribunal determinó que tanto el Congreso de Tlaxcala como el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) invadieron competencias al auditar recursos federales sin contar con un convenio de coordinación con la ASF, lo que vulneró la libre administración hacendaria municipal. El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, subraya que la Constitución delimita con claridad las atribuciones en materia de fiscalización. Conforme a los artículos 79 y 116, la revisión de recursos públicos federales corresponde únicamente a la ASF, mientras que los órganos estatales deben limitarse a recursos de carácter local. La resolución deriva del recurso promovido por el ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, que impugnó la auditoría realizada a su cuenta pública 2024, en la que el Congreso local señaló irregularidades por más de 8.3 millones de pesos en fondos federales. Te puede interesar: Exalcalde de Contla se adjudica control del mercado municipal por 50 años Entre los recursos observados se encuentran partidas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fortamun y participaciones federales, por un monto total de 8 millones 372 mil 929 pesos, cuyo informe fue anulado por la Corte. En su demanda, el ayuntamiento solicitó invalidar todas las consecuencias derivadas de la indebida fiscalización, así como exhortar al Congreso local y al OFS a abstenerse de repetir estos actos en ejercicios posteriores. Incluso planteó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles responsabilidades federales. Como efecto de la sentencia, la SCJN ordenó al Congreso de Tlaxcala emitir un nuevo decreto sobre la cuenta pública de Contla correspondiente a 2024, pero ajustado a los criterios establecidos, lo que en los hechos limita la intervención estatal en la revisión de recursos federales municipales. La ministra Ortiz Ahlf advirtió que permitir la intervención de autoridades locales en estos recursos constituye una invasión de competencias, al interferir con las facultades exclusivas de fiscalización que la Constitución otorga a la ASF.
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