Ante las recientes alertas en planteles educativos de Tlaxcala por pintas relacionadas con el reto “Tiroteo mañana”, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, sostuvo que cualquier medida de revisión escolar debe ajustarse a estándares legales y de protección de derechos. La ombudsperson enfatizó que la revisión de mochilas no debe ser aleatoria ni sorpresiva; debe cumplir con salvaguardas claras, en apego a los principios de legalidad, dignidad y protección integral de niñas, niños y adolescentes. Precisó que estas acciones deben diferenciarse de operativos que puedan constituir actos de molestia, los cuales han sido señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como potencialmente violatorios de derechos humanos. 
Ordóñez Brasdefer informó que la CEDHT ha participado en mesas de trabajo con diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), donde se ha revisado el protocolo propuesto para la atención de riesgos en entornos escolares. Indicó que el organismo realizó observaciones con enfoque de derechos humanos, infancia, género e interculturalidad, mismas que fueron incorporadas en el documento. Explicó que, conforme a la Constitución, las y los adolescentes entre los 12 y antes de los 18 años pueden ser sujetos a investigación, siempre que intervenga personal especializado y se garantice el respeto irrestricto a sus derechos. En ese sentido, subrayó que cualquier acción preventiva en escuelas debe realizarse con acompañamiento institucional y la participación de madres y padres de familia. Te puede interesar: Tlaxcala reabre puerta al Operativo Mochila pese a prohibición de la SCJN La titular de la CEDHT también puntualizó que el término “operativo mochila” implica una connotación que puede asociarse a prácticas invasivas, por lo que insistió en distinguir entre medidas de prevención acordadas y acciones que vulneren la integridad o privacidad del alumnado. Añadió que las revisiones, en caso de llevarse a cabo, deben respetar la confidencialidad, el debido proceso y criterios diferenciados, incluyendo la perspectiva de género. Finalmente, reiteró que las escuelas pueden implementar estrategias de prevención de violencia, siempre que estas se encuentren alineadas con los estándares de protección de derechos y se privilegie el interés superior de la niñez.
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